SE ABRIÓ EL DIÁLOGO CON LOS BLOQUES DIALOGUISTAS
Libertarios aceptaron modificaciones en varios artículos. Se posterga la sesión para dar tiempo a trabajar en los acuerdos.
Tras varios días de negociaciones sobre eventuales reformas a la Ley Ómnibus, el Gobierno envió a la Cámara de Diputados a funcionarios de primera línea para acercar posiciones con la oposición dialoguista y quedó cerca de alcanzar un acuerdo.
Los primeros en entrar al despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fueron el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. El ministro del Interior, Guillermo Francos, y el principal estratega del Gobierno, Santiago Caputo, fueron los encargados de informar las modificaciones que Javier Milei estaba dispuesto a aceptar.
Desde el PRO señalaron que el oficialismo está tomando “muchas sugerencias” y que ya se modificaron cerca de 100 artículos. Sin embargo, remarcaron que aún hay algunos puntos que todavía faltan discutir.
«Estoy seguro de que nos encaminamos para que la semana que viene tenga media sanción la ley que estamos debatiendo”, dijo Ritondo tras la reunión. El acuerdo con el PRO llega al 95%, según explicaron.
Tras este primer encuentro con el PRO, los representantes del Gobierno recibieron en el despacho de Presidencia a Rodrigo de Loredo, jefe del bloque de la UCR. Luego ingresaron los representantes del bloque Hacemos Coalición Federal, que conduce Miguel Ángel Pichetto.
De Loredo explicó que Francos y Caputo llegaron con un borrador con un punteo “a trazo grueso” de todos los cambios que el Gobierno aceptó.
Entre los puntos que generaban más diferencias, los libertarios habrían propuesto eliminar la fórmula actual de movilidad jubilatoria para reemplazarla por una actualización en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior. Es decir, si la ley se aprueba en febrero, se actualizarán los haberes por el IPC de enero, y así sucesivamente.
En cuanto a las retenciones, quedarían en 0 las que afectan a las economías regionales y dejaron abierta la negociación sobre las exportaciones industriales.
El capítulo que incluye la reforma electoral, que por ejemplo propone cambiar a un sistema de circunscripción uninominal y actualizar la cantidad de diputados nacionales, quedará fuera de la ley. Sin embargo, todavía no se definió qué pasará con las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que aún podrían ser eliminadas.
Por otro lado, el Gobierno aceptó acortar el listado de emergencias y reducir al plazo de un año las facultades delegadas que pedía el Poder Ejecutivo para poder saltearse al Congreso.
Respecto a las privatizaciones, los libertarios pidieron mantener el listado que incluya a 40 empresas estatales que podría enajenar. Solo sacarían, a pedido de la oposición, a YPF. Además, la redacción final incluiría una cláusula que obligue al Ejecutivo a enviar al Congreso los pliegos para la privatización. Esto permitiría que la oposición tenga la potestad de frenar el proceso en algún caso particular.
Si bien no se trabajaron los artículos en particular, había cambios sustanciales en los capítulos de Cultura, Ambiente, Educación, Salud, Seguridad y Justicia. “Tenemos que ir viendo el texto final”, señalaron desde el radicalismo.
En tanto, el capítulo relacionado con la explotación de hidrocarburos también sufrió cambios “drásticos” a raíz de los planteos de los gobernadores de provincias petroleras.
Monti, al cruce de Lousteau
A través de la red social X, el diputado nacional Francisco Monti salió al cruce del presidente de la UCR, Martín Lousteau, quien en declaraciones televisivas había afirmado que «el DNU es inconstitucional y ni siquiera constituyen la Comisión para tratarlo».
«Es contradictorio e incorrecto tachar de inconstitucional una norma en abstracto y luego reclamar debate. El DNU está vigente en condiciones precarias y carece de la consistencia política y jurídica por no haberse tratado aún en la comisión bicameral por capítulo», escribió el legislador.
“La posición de la UCR es que el decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 trata 14 títulos y otros tantos capítulos que involucran distintas materias. El Congreso debe darles tratamiento en la Comisión Bicameral de DNU -que aún no se conformó por falta de decisión del presidente de la cámara Martín Menem. En ese tratamiento, nosotros consideramos que estamos habilitados para declarar la validez o invalidez tomando capítulo por capítulo dada las características del decreto”, manifestó.
