OPINIÓN
El Gobierno nacional ya envió a la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto para reformar la ley de Financiamiento Universitario. La norma fue ratificada por el Congreso, cuando Javier Milei la vetó, pero la Casa Rosada suspendió su aplicación por razones presupuestarias, con una argucia técnica: no contemplaba las fuentes de financiamiento específicas para los gastos que aprobaba.
El nuevo proyecto, subraya el Gobierno ahora, “subsana la deficiencia, estableciendo una fuente de financiamiento concreta, específica, actual y suficiente”.
“En este sentido, la eventual sanción del proyecto no conllevaría la suspensión de su ejecución derivada de la aplicación del artículo 5° de la Ley N° 24.629 de Normas Complementarias para la Ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional, dado que, si bien se autoriza un nuevo gasto, se prevé en forma expresa cómo se financiará”, intenta tranquilizar.
La iniciativa apunta a meter una cuña en el frente universitario, que se mantiene hasta ahora unido en la defensa de la ley suspendida.
El Gobierno libertario pasa de la resistencia y confrontación al intento de conciliación política con el frente de la universidad pública
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Política Universitaria, Alejandro Álvarez, navegan en el Consejo Interuniversitario Nacional para tratar de conseguir la anuencia de algunos rectores, pero el ingreso del proyecto activó las alertas sobre todo por un detalle: omite cualquier alusión a las deudas salariales que se vendrían acumulando desde la ratificación de la norma, en octubre del año pasado. Son cinco meses y contando.
Lo que el Gobierno propone es liquidar el conflicto y empezar de cero a partir de los cambios.
En el frente judicial, ya apeló ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con pedido de efecto suspensivo, la medida cautelar que lo obliga a aplicar la ley vigente.
Para este borrón y cuenta nueva, ofrece un aumento del 12,3% en tres partes de 4,1, sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre. La primera cuota sería en marzo y la última en septiembre.
También ofrece más de 80 mil millones de pesos para el sistema de salud universitario, paritarias cada tres meses y recomposición presupuestaria si la inflación supera el 14,2% anual.
La discusión había sido incluida en el temario de las sesiones extraordinarias, pero el Gobierno no había mandado el proyecto hasta ahora. Las primeras reacciones de los actores universitarios fueron negativas. La ley ratificada por el Congreso establece una recomposición salarial remunerativa y bonificable según el Índice de Precio al Consumidor (IPC). Datos del Observatorio de Salario y Presupuesto Universitario sostienen que un sueldo “debería aumentar en febrero un 65% para alcanzar el nivel de compra de noviembre de 2023”.
Establece además una actualización presupuestaria para el funcionamiento de las instituciones educativas con cifras acumuladas desde 2024.
El Gobierno confía en obtener respaldo para lograr la media sanción en la Cámara de Diputados en marzo y sacarse de encima una controversia que comenzó en abril de 2024, con una primera y multitudinaria marcha federal contra las políticas de Milei, apenas cuatro meses después de su asunción.
La defensa de la educación pública moviliza y consigue reunir más adhesiones que cualquier otro tema de la agenda pública.
Que la administración libertaria cambie de estrategia y pase de resistir los embates y la confrontación a una propuesta marca que siente los golpes. Habrá que ver la respuesta.
