EDITORIAL
El diálogo político ha sido históricamente una herramienta muy valorada por la ciudadanía, pero al mismo tiempo muy poco practicada. La actualidad política exhibe tal vez una consideración menos amable con la vocación dialoguista a partir de la vigencia de un modelo político hegemónico disruptivo. De todos modos, la búsqueda de consensos políticos siempre es, además de una vocación virtuosa, necesaria.
La exploración de acuerdos tiene como propósito coincidir en puntos básicos, aunque nunca exhaustivos, que permitan la ejecución de medidas, programas o políticas surgidas de un intercambio pluralista. Si es una imposición del que circunstancialmente ejerce posiciones de poder, no es un acuerdo. Por eso el Pacto de Mayo, firmado el 9 de julio, no es un acuerdo sino el listado de posiciones generales enunciadas unilateralmente por el gobierno nacional, al que adhirieron, más por presión que por convicción, algunos gobernadores. Un pacto es un acuerdo entre partes, resultado de una negociación, consecuencia de un sano consenso político resultante de debates fructíferos.
Posterior a la firma del Pacto de Mayo, el gobierno oficializó la creación del Consejo de Mayo, que tendría la responsabilidad de trabajar en proyectos de ley que materialicen los principios adoptados en el Pacto de Mayo. Estaría conformado por un presidente del Consejo de Mayo, integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, las provincias, las cámaras de Diputados y Senadores, organizaciones sindicales y el empresariado.
El uso del potencial se debe a que por el momento no ha tenido actividad. Y tampoco la mayoría de las partes han designado representantes. Sería muy interesante que realmente funcione y sea un ámbito de debate constructivo, en donde sea posible alcanzar los consensos que no se trabajaron en la previa de la firma del pacto. Habrá que esperar.
El gobierno de Alberto Fernández también anunció la conformación de estructuras que en la práctica nunca funcionaron. O al menos no lo hicieron en correspondencia con la función previamente asignada. Una de ellas es la Mesa Argentina contra el Hambre, que se fijó como propósito central debatir con representantes de la sociedad civil y el sector privado políticas sociales y económicas para combatir la desnutrición y la malnutrición en el país. Otra, el Consejo Económico y social, que tenía entre sus objetivos analizar programas de gobierno y proyectos de leyes estratégicos, abrir un espacio de diálogo y cooperación entre los diversos sectores económicos y sociales del país, generar consensos amplios sobre prioridades estratégicas para el desarrollo nacional inclusivo, estimular un debate informado entre las diferentes visiones de los distintos sectores y enriquecer ese debate con información técnica y científica rigurosa.
Ya se ha dicho en esta misma columna que las escasas coincidencias respecto de temas indispensables explica buena parte de las restricciones que la Argentina tiene para consolidarse como nación próspera y con una estabilidad a prueba de los vaivenes propios de la globalización. La incapacidad de diálogo, o la falta de voluntad, son factores que contribuyen a explicar muchos de los fracasos de las últimas décadas en la Argentina.
