Cuestionamiento
Los legisladores señalaron que la medida desoye acuerdos internacionales, cuestionaron su eficacia y advirtieron por la falta de infraestructura para llevarla adelante.
El bloque de diputados catamarqueños «Elijo Catamarca» elevó un dictamen de rechazo al proyecto de ley del «régimen penal juvenil» impulsado por el Gobierno nacional, que busca disminuir la edad de punibilidad a los 14 años. En el documento, al que pudo acceder este medio, los legisladores señalaron que la medida desoye acuerdos internacionales, cuestionaron su eficacia y advirtieron por la falta de infraestructura para llevarla adelante.
«La respuesta no resulta adecuada, eficaz ni compatible con el marco constitucional, convencional e institucional vigente», sostuvieron, y, en ese sentido, recuperaron el artículo 75 de la CN que exige «políticas públicas orientadas a la protección reforzada de la niñez y veda la adopción de medidas regresivas que profundicen situaciones de exclusión o vulneración de derechos».
Por otro lado, también manifestaron la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de mantener la edad de imputabilidad en 16 años para todo tipo de delitos. «Estas recomendaciones constituyen pautas interpretativas obligatorias de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, y su desconocimiento podría generar responsabilidad internacional», advirtieron.
Recomendación que la medida impulsada por el Gobierno nacional no cumple, desoyendo no solo los tratados internacionales sino también el cuestionamiento de un arco de organismos especializados como el COPAJU, la Red de Jueces y Juezas Penales de la República Argentina y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Asimismo, los legisladores señalaron la escaza eficacia que podría tener la medida, sosteniendo que la participación de menores en delitos es poco significativa y pusieron de ejemplo a la provincia de Buenos Aires, en la que, según afirmaron, los delitos de menores representan solo el 2,25% del total de las causas. Por último, advirtieron la falta de recursos para llevar adelante la ley. Aseguran que actualmente no se cuenta con el presupuesto ni con la infraestructura suficiente para crear los centros especializados que los menores necesitarían.
