Editorial
Una muy interesante ordenanza, que bien podría replicarse en otros municipios de la Argentina, aprobó el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba. La norma tiene como propósito la promoción y regulación de la producción y comercialización de alimentos de carácter agroecológico, propiciando la compra estatal de este tipo de producciones.
La agroecología, según especifica la ordenanza, se refiere a “los sistemas productivos que se desenvuelven en el marco de una propuesta de desarrollo ecológicamente sustentable, socialmente justo y económicamente viable”. Por eso, el nuevo instrumento legal es un impulso para la producción saludable que beneficia a consumidores y apunta a formalizar a un sector productivo con múltiples dificultades para prosperar.
En el área del Gran Córdoba –Capital y municipios aledaños- el área cultivada con hortalizas se redujo a la mitad en los últimos años, mientras que la cantidad de productores hortícolas disminuyó de 700 a 250. Fenómeno similar se registra en la mayoría de las provincias, incluida Catamarca. En nuestra provincia existen ferias de productores para comercializar los productos, pero muchas de las frutas y verduras que se venden en esos espacios se traen de otras jurisdicciones. Y no hay, además, una diferenciación de cuáles de esos productos reúnen las características de los agroecológicos y cuáles no.
El instrumento legal sancionado contempla precisamente colocar en los productos que se comercializan un sello de calidad agroecológica, certificando que hayan cumplido específicas condiciones de higiene y seguridad.
Un aporte importante, en tiempos en que se pontifica la supuesta autosuficiencia del mercado, es el involucramiento del Estado para promocionar la producción y facilitar la comercialización, trazando las conexiones necesarias para vincular a productores y consumidores.
La ordenanza es el resultado de un arduo y coordinado trabajo entre organizaciones de productores y actores de la política, entre ellos funcionarios municipales y los propios concejales, que llevó dos años pero finalmente dio sus frutos. Mercedes Ferrero, referente de la Unión de Trabajadores Rurales (UTR), una de las organizaciones que trabajó en la norma, reflexionó: “La verdad es que, en este tiempo en que todo está regido por la crueldad, por el sálvese quien pueda, por el pisoteo a las organizaciones, la judicialización y la persecución, que una ciudad como Córdoba avance en una normativa así, reconociendo la importancia de la producción de alimentos sanos en un contexto de hambre y crisis alimentaria es, por lo menos, esperanzador”.
Producción sustentable, asociativismo, interacción productores-Estado, planificación estratégica y fomento a las actividades de los pequeños productores, son todas expresiones esperanzadoras en un momento de crisis pero sobre todo de pesimismo e incertidumbre. Ejemplos virtuosos de este tipo merecen ser replicados y multiplicados.
