Editorial
La aprobación en 2006 de la Ley Educación N° 26206 fue recibida con entusiasmo por la comunidad educativa, y por la ciudadanía en general, porque, entre otros aportes, estipula en su artículo 9° que “el Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional conforme a las previsiones de la presente ley. Cumplidas las metas de financiamiento establecidas en la Ley Nº 26075, el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al SEIS POR CIENTO (6%) del Producto Interno Bruto (PIB)”.
El proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2025 presentado por Javier Milei el domingo en el Congreso suspende el cumplimiento de ese artículo, por lo que el piso del 6% del PIB no será de cumplimiento obligatorio si es que la iniciativa se aprueba con esa modificación.
La disposición del Poder Ejecutivo Nacional va en consonancia con el ajuste de los gastos del Estado impulsado por el gobierno libertario, incluso en áreas sensibles y estratégicas para el desarrollo nacional, como por ejemplo la Educación. Y se fundamenta en la emergencia pública declarada en el artículo 1° de la Ley Bases.
Es importante destacar, de todos modos, que por más que la Ley de Educación esté en vigencia desde hace 18 años, la pauta del 6% de recursos presupuestados para el área se cumplió entre 2006 y 2020, último año en el que se conocen datos, solo en tres años: en los años 2009, 2013 y 2015, durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner. La información fue difundida por la ONG Argentinos por la Educación.
No es la única mala noticia para el sector educativo contenida en el anteproyecto que ahora deben analizar los legisladores. La iniciativa asigna a las universidades nacionales para el año que viene fondos por 3,8 billones de pesos, aproximadamente la mitad de lo que reclaman los rectores de las universidades nacionales, congregados en el Consejo Interuniversitario Nacional, para poder cubrir el funcionamiento básico de las casas de altos estudios y una actualización salarial para trabajadores docentes y no docentes.
Además, el anteproyecto de Presupuesto mantiene la suspensión del Fondo de Incentivo Docente (FONID) que rige desde el mes de enero.
Las evidentes restricciones al presupuesto universitario se suman al anuncio del presidente Milei respecto de un eventual veto suyo a la ley de ampliación presupuestaria para las universidades en lo correspondiente al ejercicio 2024, sancionada hace pocos días por el Senado.
La crisis educativa vigente requiere para revertirse, además de planificación estratégica, recursos financieros, que no son un gasto sino una inversión. El desfinanciamiento del sector tiene gravitación inmediata en lo que respecta a la implementación de programas, infraestructura, equipamiento y salarios del personal docente y no docente, pero fundamentalmente tiene un impacto a futuro, en el mediano y largo plazo. Un país con graves déficits educativos renuncia a la posibilidad de su desarrollo integral.
