Opinión
Salvada la integridad de sus cajas, los jerarcas de la CGT entendieron que era conveniente mostrar vena combativa y convocaron un paro general contra la reforma laboral el día de su tratamiento en la Cámara de Diputados. Sin movilización, eso sí, no es cuestión de ponerse en gastos si con la adhesión de la UTA alcanza para paralizar el transporte público y asegurar altos grados de acatamiento significativos.
Es la versión sindical del popular “dígalo con mímica”, del que son consumados jugadores. El paro general pretende esconder que la controvertida ley mantiene incólumes sus canonjías. Lo evidente de la componenda con la gestión libertaria demandaba una sobreactuación de magnitud acorde, seguramente con la anuencia de los libertarios, que de teatro entienden bastante.
El régimen laboral podrá reformularse y retorcerse hasta el infinito mientras el régimen sindical permanezca cristalizado. La reforma apenas abre la posibilidad de negociaciones por empresa o regionales que les acechan el monopolio de la representación, pero ya se ocuparán del asunto llegado el caso y aprovechando sus aceitadas relaciones con la casta política.
Hasta entonces, y con el empleo informal en ascenso, pájaro en mano.
Las empresas continuarán operando como agentes de retención de las cuotas sindicales compulsivas, descontadas a todos los trabajadores, sean o no afiliados.
La plata para las obras sociales seguirá fluyendo armónicamente.
La democratización de los gremios se cristaliza en sueño húmedo de zurdos y disidentes: más que reelecciones indefinidas, los burócratas controlan una monarquía oligárquica que no trepida en recurrir a métodos gangsteriles para perpetuarse.
Y lo más importante, por supuesto: nadie más que ellos tiene facultades para fiscalizar la administración de sus suculentos dividendos.
La mímica del paro pierde eficacia si se consideran estas minucias. Ni siquiera advirtieron los fieros gordos que en el Senado alguien había incluido un artículo que habilitaba a las patronales a mermar hasta el 50% de los salarios en caso de licencias por enfermedad. Nadie se hace cargo de la disposición, hay versiones de que fue el propio Milei el que la ordenó, instigado por el coloso desregulador Federico Sturzenegger, pero el escándalo fue tal que hubo que sacarla.
Quizás el hecho de que se les haya pasado tamaño detalle incidiera para que los jerarcas de la CGT avanzaran con la convocatoria al paro general. Estaban tan chochos con haber blindado sus fondos que ni se ocuparon de ver el resto de la ley.
Pasada la medida de fuerza, se plegaron a las críticas a los gobernadores cuyos legisladores nacionales se pronunciaron a favor de la reforma. Cristian Jerónimo, secretario general de la central obrera, los acusó de “traicionar a los trabajadores”.
El tucumano Osvaldo Jaldo salió al cruce.
“Nadie los votó, a diferencia de quién habla, que fue elegido por la voluntad popular. Producto de que los eligen a dedo, con el tiempo ellos mismos se van dando cuenta de que van perdiendo la representatividad del pueblo trabajador. Por eso les sugiero que hagan una autocrítica y vean en qué están fallando. Les sugiero que no defiendan únicamente los intereses de ‘su organización’, sino que también bajen a defender los intereses de los trabajadores”, dijo, y agregó: “En Tucumán no hemos despedido ni un empleado público y estamos ayudando y trabajando con los sectores privados, con nuestras economías regionales, con el comercio y la industria, para dinamizar la economía y defender los puestos de trabajo. Es un gobierno que no sólo atiende las cuestiones públicas, sino que trabaja codo a codo con el sector privado para dinamizar la economía de la provincia y del país, manteniendo los puestos de trabajo. Esto lo demostramos con hechos”.
