Opinión
La causa planteada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) por multimillonarios y sospechosos retiros de recursos públicos en efectivo muestra la arbitrariedad administrativa que campea en gran parte de los municipios del interior, donde los intendentes se refugian en la autonomía para gastar, pero claman por el auxilio del Tesoro Provincial en cuanto se ven complicados por estrecheces.
Los desmadres pueden alcanzar cotas absurdas. Hay intendentes que tienen a más del 10% de la población como empleada del municipio, prácticamente ninguno se priva de andar en vehículos de 80.000 dólares mientras lloran por miserias que no les permiten abonar los sueldos de sus hipersaturadas plantillas salariales. El ejemplo, por supuesto, baja al funcionariato.
La PROCELAC interpuso denuncias en contra de los intendentes que no pudieron justificar los fondos que retiraron por ventanilla, mediante cheques, mayormente en períodos electorales. Las maniobras sospechosas involucran a siete intendentes y cinco ex intendentes de Tucumán, Catamarca y Salta, que extrajeron por su cuenta o por vía de terceros autorizados casi 40 mil millones de pesos entre 2023 y 2024. En el caso de Catamarca, están en la mira los intendentes de Icaño, Franco Carletta, y Corral Quemado, Isidro Gómez, y el exintendente de Belén, Daniel ‘Telchi’ Ríos. Entre los tres extrajeron se hicieron con alrededor de $2.500 millones de pesos cuyo destino no pudieron hasta ahora explicar. Carletta retiró $1.113.312.192,65; Gómez, unos $771.000.000 y Ríos $623.996.158.
Teniendo en cuenta la inflación acumulada desde agosto de 2023, serían alrededor de $15.000 millones de actuales. Más de 10 millones de dólares. Es una cifra sideral sobre la que no hay explicaciones plausibles hasta el momento, a tres años de los retiros, que los intendentes pudieron sacar con el sencillo trámite de firmar unos cheques.
¿A dónde fueron a parar? ¿Cómo puede ser que los municipios estén al borde del colapso si manejan tamaños volúmenes de dinero? Belén, con este precedente, fue el primero que entró en crisis por la imposibilidad de otorgar aumentos a sus empleados.
Ahora están todos los jefes comunales con la escupidera en la mano para que el Gobierno los salve de las consecuencias de sus desvaríos administrativos.
El Gobierno subordina los eventuales auxilios a la firma de un convenio de reordenamiento económico y financiero para ajustar los gastos.
El impacto de la caída de la recaudación en los ingresos coparticipables, que lleva siete meses consecutivos, no puede negarse, pero la crisis tiene un efecto adicional al económico, que es político e institucional: revela un sistema de administración divorciado de criterios de racionalidad, aceitado durante años por caudillos municipales que invariablemente encontraron al final los medios para que la Provincia les solventara los desarreglos, mientras ellos se permitían todos los gustos. Si tales concepciones no cambian, inútiles serán los pactos que puedan celebrarse.
La Justicia Federal se declaró incompetente, con el argumento de que, al haber ingresado regularmente en los circuitos de la Provincia y los municipios, los recursos ya no son nacionales.
«Los fondos señalados fueron transferidos por Tesorería General de la Provincia, un ámbito que escapa a posibles afectaciones o intereses nacionales que permitan la habilitación y/o intervención del fuero de excepción, dado que pasaron a ser fondos provinciales con específico destino a la Municipalidad en cuestión», argumentó el fiscal federal Santos Reynoso.
El juez Miguel Ángel Contreras derivó el expediente a la Fiscalía General de la Provincia en septiembre del año pasado y de ahí fue girado a la Fiscalía de Belén.
