En Fiscalía General
El Director de Adjudicaciones del IPV presentó la denuncia en Fiscalía General. Detectaron audios y un perfil falso que ofrecía casas a cambio de pagos.
El Director de Adjudicaciones y Control de Viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Mauricio Alejandro Varela, presentó este mediodía una denuncia penal en Fiscalía General contra una o más personas que, invocando falsos títulos e influencias inexistentes, habrían requerido dinero a terceros a cambio de la supuesta adjudicación de viviendas.
Según consta en la presentación judicial, Varela denunció a quienes “directa o indirectamente se beneficien patrimonialmente a partir del fraude a terceras personas”, mediante maniobras que incluirían engaños, abuso de confianza y la simulación de gestiones oficiales vinculadas al IPV.
En el relato de los hechos, se advierte que desde un número telefónico se estaría solicitando dinero a personas interesadas en acceder a viviendas construidas por el Instituto Provincial de la Vivienda. Como prueba, se aportaron audios enviados por presuntas víctimas, en los que se escucha una oferta concreta de adjudicación a cambio de dinero.
La denuncia también señala la existencia de un falso perfil o contacto que habría sido creado utilizando el nombre del propio funcionario. De acuerdo a las capturas de pantalla a las que accedió la Dirección, ese perfil apócrifo solicitaba listados de beneficiarios y respondía enviando nóminas de personas, con el fin de reforzar el engaño a las víctimas.
La presentación judicial solicita que se investigue la posible comisión de delitos vinculados a fraude y estafa, y que se determinen las responsabilidades penales correspondientes.
De acuerdo a la información aportada, el principal señalado sería un hombre identificado como Juan Martín Acuña, quien presuntamente exigía sumas de dinero a personas interesadas en acceder a una vivienda. Entre las pruebas incorporadas figuran audios en los que se escucha ofrecer casas a cambio de pagos que oscilarían entre 450 mil y un millón de pesos, asegurando la inclusión de las víctimas en supuestos listados de adjudicación.
Desde el IPV se remarcó que este accionar es completamente ajeno al procedimiento oficial de adjudicación de viviendas. Tanto el Ministerio de Vivienda y Urbanismo como el Instituto Provincial de la Vivienda no cobran dinero por trámites previos a la entrega de soluciones habitacionales, y el único pago que realizan los beneficiarios es el recupero del crédito mediante cuotas mensuales, una vez tomada posesión de la vivienda.
Como parte de la prueba, se adjuntaron capturas de conversaciones, imágenes de perfiles falsos y notificaciones ministeriales presuntamente fraguadas. Además, se ofreció el testimonio de Natalia Elizabeth Ferreyra, empleada del organismo, quien habría aportado información clave para la detección de la maniobra.
Finalmente, el denunciante solicitó a la Fiscalía que promueva la investigación correspondiente, impida la continuidad del presunto delito, identifique a los responsables y reúna los elementos probatorios necesarios para sustentar una eventual acusación penal.
