Opinión
Los gobernadores Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo le plantearon ayer al ministro del Interior, Diego Santilli, la inquietud de todos los mandatarios por la reducción de los recursos coparticipables introducida en el proyecto de la Reforma Laboral a través de una merma del impuesto a las Ganancias de las empresas.
Las versiones sobre el encuentro, realizado en la Casa de Salta de la Ciudad de Buenos Aires, consignan que su respaldo a la sanción de la ley quedó condicionado a que el oficialismo revise este punto y que la Casa Rosada rechazó tal posibilidad y advirtió que los auxilios a las provincias dependerán de cómo voten sus legisladores nacionales.
Se trata de un chantajismo institucional sistemático y añejo, de cuyo afianzamiento no sería ecuánime responsabilizar a Javier Milei. Sí es pertinente señalar, en cambio, una discrepancia conceptual de fondo entre las partes: el problema no pasa por la resistencia de los gobernadores a bajar impuestos, como la Casa Rosada pretende instalar, sino por la distribución de los recursos fiscales entre la Nación y las provincias.
Las reservas de la mayoría de los gobernadores no son por la baja de impuestos, sino por la convergencia entre la sostenida avanzada del Gobierno nacional sobre recursos que históricamente fueron derivados a las provincias y la ausencia de inversión nacional en el interior. De hecho, la Inversión Real Directa nacional en las provincias se desplomó del 0,9 al 0,3% del PBI en los dos años de gestión de Milei.
Las provincias proponen coparticipar el impuesto a los Combustibles, el casi 2% de la recaudación que engulle ARCA y los ATN
La tensión por el reparto de los recursos fiscales atraviesa toda la gestión libertaria.
El tratamiento de la desmesurada Ley Bases se destrabó a mediados de 2024 recién cuando los libertarios se allanaron a discutir sus aspectos fiscales por cuerda aparte y reponer las escalas del impuesto a las Ganancias que se habían modificado el año anterior, en plena campaña, a instancias del entonces candidato a Presidente y ministro de Economía Sergio Massa y con el acuerdo de los gobernadores peronistas.
Luego, se recordará, vinieron las escenificaciones del Pacto y el Consejo de Mayo, mientras Milei aplicaba su implacable “motosierra”. Junto a los jubilados, las provincias fueron las mayores contribuyentes al sacralizado déficit cero.
En el marco de este proceso se presentaron y hasta se sancionaron proyectos de ley para coparticipar impuestos. Conviene resaltar el verbo: coparticipar no es lo mismo que aumentar. Lo que los gobernadores procuran es ampliar la masa coparticipable, no incrementar tributos. Esgrimen argumentos atendibles: tienen que hacerse cargo en sus distritos de inversiones y gastos abandonados por la Nación
Las iniciativas en este sentido fueron ampliamente difundidas y planteadas por los gobernadores del Norte Grande. Entre otras cosas, las provincias reclamaron ampliar su participación en el impuesto a los Combustibles y coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional y el casi 2% de toda la recaudación del país que embucha ARCA, la ex AFIP.
Estas propuestas fueron rechazadas por la administración libertaria de plano. Milei vetó la ley para coparticipar los ATN, que son el 1% de la masa coparticipable.
Quizás los gobernadores serían menos renuentes a respaldar la Reforma Laboral si las pérdidas proyectadas por la baja de Ganancias, que ronda los dos billones de pesos, se compensara con la coparticipación de otros tributos.
Al parecer, algo comenzó a barajarse en ese sentido tras la reunión de Jalil, Jaldo y Sáenz con Santilli. También asoma la posibilidad de otro conciliábulo de los gobernadores en esa Jabonería de Vieytes montan cada tanto en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones, la semana que viene.
