Recursos provinciales
Pese a un aumento nominal del 31,3% entre noviembre y enero, los fondos enviados por Nación quedaron por debajo de la inflación y redujeron el poder adquisitivo de la Provincia.
La provincia de Catamarca no fue ajena al fuerte recorte de recursos que el Gobierno nacional aplicó a las provincias en concepto de coparticipación federal. Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, los envíos automáticos registraron un crecimiento nominal del 31,3%, pero al descontar la inflación del período, la variación real fue negativa, con una pérdida del 3,4% en términos de poder adquisitivo.
De acuerdo con el análisis de los montos acumulados, esta caída real implicó para Catamarca una pérdida estimada en casi 549 millones de pesos constantes, reflejando el impacto de la inflación sobre los recursos que recibe la Provincia para el funcionamiento del Estado, el pago de salarios y la prestación de servicios esenciales.
La situación se enmarca en un escenario nacional adverso para las provincias. En el último trimestre, el Ejecutivo nacional giró en total 533 mil millones de pesos menos en valores reales en comparación con el mismo período del año anterior, como consecuencia de la baja sostenida de la recaudación y del ajuste fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Si bien todas las jurisdicciones mostraron incrementos nominales de entre el 25% y el 33%, al actualizar los montos por inflación, 23 de las 24 provincias registraron pérdidas reales. Las más perjudicadas fueron Córdoba y Santa Fe, que en conjunto dejaron de percibir más de 130 mil millones de pesos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también sufrió una caída real del 4,6%.
En contraste, Salta fue la única provincia que logró un crecimiento real de la masa coparticipable, mientras que Neuquén, Mendoza y Misiones se ubicaron entre las menos afectadas, con pérdidas más acotadas.
En el caso de Catamarca, la merma real de los recursos profundiza las tensiones fiscales y se suma a las dificultades que enfrentan las provincias ante un contexto de menor disponibilidad de fondos nacionales, con impacto directo en la planificación presupuestaria y en la ejecución de políticas públicas.
