La implementación de la boleta única en el sistema electoral argentino corre el riego de naufragar debido a maniobras tendientes a esmerilar a la vicepresidenta Victoria Villarruel, que con la sanción de la ley obtendría un triunfo adicional de haber menguado la incidencia del kirchnerismo en las comisiones del Senado.
Luego de un traspié que demoró el dictamen para el proyecto, Villarruel lo consiguió la semana pasada, pero una maniobra de la senadora rionegrina Mónica Silva, al parecer instigada por el kirchnerismo, podría hacer neutralizar la sanción.
Silva redactó un dictamen en minoría con modificaciones a la iniciativa sancionada en la Cámara de Diputados que, de aprobarse, demandaría devolverla para su revisión. Como el estado parlamentario del proyecto vence en febrero, si los diputados no lo trataran de inmediato se caería y debería iniciarse todo el trámite nuevamente.
Cualquiera de las dos posiciones está a solo un voto de los 37 que se requieren para la aprobación. Es improbable que sea sometido a debate en el recinto si Villarruel no tiene garantizado un triunfo. De tal manera, se produciría el mismo efecto que con la devolución a Diputados: caída del estado parlamentario y vuelta a empezar.
La refriega podría considerarse anecdótica, apenas una más de las zancadillas que la clase política suele propinarse mutuamente, si no fuera por el virtuoso impacto general que tendría la aplicación de la boleta única.
Por empezar, el método mejora las condiciones para que el elector aplique su criterio al momento de votar, pues le permite discriminar sus preferencias con mayor facilidad que con los trabajosos cortes que demanda la lista sábana.
A esta ventaja estrictamente cívica se suma la económica. La impresión de votos se reduciría en un 94% y quedaría directamente a cargo del Estado, que ya no tendría que darle el dinero a las agrupaciones políticas para que lo hagan.
Que sean los partidos y alianzas políticas los que impriman los votos ha abierto un fabuloso negocio, con la proliferación de “sellos fantasma” creados exclusivamente para recibir el dinero para las impresiones. El Estado está obligado a entregarle a cada partido la suma necesaria para imprimir votos por una cantidad equivalente a la totalidad del padrón.
Quiere decir que a una agrupación, independientemente del grado de representación que tenga, le basta con presentar la fórmula presidencial para acceder al monto que demande la impresión de más de 34 millones de votos, suma que se multiplica si en las PASO se presenta más de una oferta.
Al amparo de este sistema, proliferaron agrupaciones armadas por personajes que reciben las fortunas destinadas en teoría a pagar la impresión de votos, imprimen solo los que tienen que meter en las urnas para cumplir con la Justicia Electoral y se guardan el resto de la plata. La monstruosa cantidad de votos y las ramificaciones del curro hacen imposible fiscalizar que el dinero se use efectivamente para la impresión.
En las últimas PASO el Estado pagó la impresión de 3.744 millones de votos para 1.818 listas nacionales con 24.144 candidatos a la Presidencia, el Congreso y el Parlasur. 106 votos por elector.
Al margen del desmesurado costo, el método envilece el sistema democrático con la fragmentación devenida de una multiplicación exponencial de partidos.
El Senado tiene la oportunidad de terminar con tan perniciosa práctica. Le bastaría con aprobar el proyecto de boleta única tal como fue sancionado por Diputados y buscar otros pretextos más sustanciales para esmerilar la figura de Villarruel.
¿Por qué será que no se hizo un dictamen por el rechazo liso y llano en lugar de recurrir a la trampa de las modificaciones?
Entre tribunos tan solventes para el ardid reglamentario, llama la atención que ninguno encuentre argumentos para defender el sistema vigente.
