LA EXPROPIACIÓN DE YPF
El Congreso la aprobó con una mayoría aplastante. El Estado argentino fue condenado a pagar casi 16.100 millones de dólares.
De los ocho representantes que tenía Catamarca en el Congreso en 2012 solo dos, los senadores nacionales Oscar Castillo y Blanca Monllau se opusieron a la expropiación de YPF, por la que el Estado nacional podría llegar a pagar ahora hasta 16.000 millones de dólares a raíz de una sentencia de la jueza de Nueva York Loreta Preska a favor de los fondos de inversión Burdford Capital, que compró los derechos a litigar de Petersen Energía, del grupo Eskenazi, y Eton Park.
La expropiación de YPF tuvo un respaldo parlamentario transversal y aplastante: la votaron 68 de los 74 miembros del Senado y 208 de los 257 diputados.
Castillo y Monllau forman parte del reducido grupo de legisladores que se pronunciaron en contra de la decisión de la entonces presidenta Cristina Kirchner, que ejecutó su viceministro de Economía Axel Kicillof, en funciones de ministro de hecho.
En el Senado se plegó a la mayoría Inés Blas de Zamora. En Diputados, el aval catamarqueño fue dos semanas después unánime: votaron a favor los oficialistas Isauro Molina, Marcia Ortiz y Rubén Yazbek y la radical Mariana Veaute, que se apartó del criterio marcado por Castillo y Monllau. Pedro Molas, también radical, estuvo ausente en la sesión.
Castillo y Monllau, que integraban el bloque del FCS en la Cámara alta, se abstuvieron de votar el proyecto en el plenario realizado el 26 de abril de 2012, junto a Norma Morandini y María Eugenia Estenssoro.
Para Castillo, el Gobierno nacional usaba la soberanía nacional como coartada, porque en realidad lo que buscaba con la expropiación de las acciones de Repsol en YPF era resolver problemas de déficit inmediatos por el desequilibrio en la balanza comercial que producía la importación de combustibles.
Más de diez años después de la polémica expropiación, el país no solo no consiguió el autoabastecimiento energético que se proponía con ella, sino que afronta el pago de indemnizaciones cuyo monto, en el peor de los casos, superaría el doble del último desembolso del FMI a favor de la Argentina.
Trasfondo
«Esta sesión –dijo al iniciar su alocución Castillo– se enmarca en un contexto que la hace histórica, quizás no tanto por los oropeles discursivos o fundacionales, sino porque creo que esta noche, de lo asertivo o de lo negativo que surja de aquí, probablemente haya un impacto intergeneracional. Es decir, es una noche en la que las medidas que aquí se tomen trascenderán a los que estamos presentes».
El senador consignó que la expropiación propuesta transgredía no solo principios constitucionales que protegían la propiedad privada, sino también la propia ley de privatización de la petrolera, acuerdos de protección mutua de inversiones celebrados entre Argentina y España y el acuerdo-marco con la Unión Europea, de modo que perjudicaría la “credibilidad” del país en el mundo.
“Hemos chocado con nuestra propia juridicidad. Dejaremos de ser un país creíble, previsible, accesible, que son elementos fundamentales en un mundo cada vez más interrelacionado”, advirtió.
El senador ironizó sobre los argumentos que esgrimía la Casa Rosada para fundamentar la confiscación del 51% del paquete accionario a la española Repsol, vinculados a la falta de inversiones de YPF, la distribución de dividendos por encima de lo permitido y la escasa productividad de la empresa.
En este sentido, subrayó que el Gobierno nacional kirchnerista, que iba a cumplir 9 años en el poder, había tenido durante todo ese período, en las gestiones de Néstor y de Cristina Kirchner, “el mismo ministro de Planificación y el mismo secretario de Energía”.
“¿Cómo es que despertamos una mañana y nos dimos cuenta de que estábamos en un proceso de desabastecimiento, de que hubo un giro de divisas así, de golpe, y de que con solo cambiar la parte del 51 por ciento accionario de una empresa como YPF –que solo es el 30 por ciento del mercado de hidrocarburos– vamos a alcanzar el autoabastecimiento que plantea el proyecto? Yo no lo creo; no es creíble”, señaló.
“El verdadero diagnóstico para entender este proyecto –añadió- es que apunta a contener la sangría de divisas que significa la importación de combustibles. El viceministro (de Economía, Axel Kicillof) fue muy explícito cuando vino el otro día al Senado, porque dijo que utilizará en el corto plazo las utilidades de la empresa para cubrir la necesidad de divisas».
Maniobras
El senador catamarqueño marcó además una línea de conducta política adoptada por el kirchnerismo desde que los superávits comercial y fiscal comenzaron a revertirse en déficits crónicos desde fines 2007: buscar cajas para financiarse ante la reticencia del mercado de prestarle a la Argentina.
Consignó al respecto los precedentes de la crisis del campo, detonada en 2008 por la pretensión de aplicarle retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias, finalmente frustrada, y la reestatización del sistema previsional.
“Cuando se estatiza el sistema previsional creado por Cavallo en 1994 –que realiza una acumulación de fondos del ‘94 hasta el 2008–, lo que en verdad se hace es que esos fondos individuales pasen directamente al consolidado de las cuentas públicas, de manera tal que con esos recursos, que eran muchísimos, al menos por un tiempo, el déficit fiscal aparecía como una cuestión que se podía parar. Pero el modelo sigue con problemas. Después de esto, ha venido lo que llamamos las modificaciones del Banco Central, donde nuevamente apelamos a divisas y, a su vez, a que el Banco Central también financie al Tesoro de la Nación», recordó.
La Carta Orgánica del Banco Central se había reformado para poder financiar al Tesoro Nacional con lo que se denominó “reservas excedentes” y la liquidación anual de utilidades.
«Detrás de esto no existe lo que acá se está mentando. En realidad, es lo que vulgarmente se llama ‘una cuestión de caja’, pero es una cuestión de caja que está marcando señales amarillas de que este Gobierno ha dejado aquel circuito virtuoso del superávit fiscal y del superávit comercial. Entonces, estamos viendo que el modelo programado no toma datos de la realidad. La realidad se impone y el modelo va constantemente buscando otra salida”, resumió Castillo.
El factor Eskenazi
Dos años después, el 26 de marzo de 2014, el Senado trató la ratificación del Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación entre la Argentina y la expropiada Repsol. El país comprometía a pagarle a la firma española 5.000 millones de dólares.
En esa oportunidad, Castillo remarcó que, unos años antes de proceder con la expropiación, el Gobierno nacional había marcado la necesidad de introducir un “socio argentino en aquella Repsol”.
“Un empresario Eskenazi, que no tenía dinero. Entonces, como no tenía dinero, ¿cómo íbamos a hacer para que aparezca? Con dividendos. Bueno, hagamos que las utilidades extraordinarias no se inviertan. En el año 2008 las utilidades fueron del 255 por ciento y en el año 2009 del 140 por ciento. Claro, después vino un decreto respecto a las no inversiones. ¿Cómo iba a haber inversiones si había que hacer que un socio que no tenía plata se capitalizara?», señaló.
El fondo Burford Capital, beneficiario del fallo dictado en Nueva York, adquirió los derechos a litigar contra la Argentina precisamente al grupo de los Eskenazi, que reclamó porque el Estado no le había ofrecido la misma opción que a Repsol para retirarse de la petrolera y declaró la quiebra de las empresas con las que había entrado en la firma.
Lógico: sin las utilidades de YPF no tenía cómo pagar los créditos que había tomado para adquirir las acciones.
El acuerdo con Repsol que el Congreso debía ratificar, advirtió Castillo, formaba parte de los requisitos impuestos por el mercado internacional para aceptar nuevamente a la Argentina como sujeto de crédito.
“Después del default dijimos que el Club de París no existía, que los otros organismos internacionales no existían. No hablamos con nadie. ¿Y cuál era el deber que faltaba corregir? Éste era el deber que faltaba corregir: emprolijar la situación de lo que se había hecho en 2012 para que la comunidad financiera internacional empiece a receptarnos. Si no hacemos esto, si no emprolijamos esto, en los radares de los mercados internacionales no existimos. Entonces había que hacer esto, por lo cual, a mi modesto modo de ver, estamos enterrando la última bandera del modelo», remarcó el legislador.
Sentencia final
La jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, publicó la sentencia final del juicio por la expropiación de YPF. El Estado argentino deberá pagar indemnizaciones por la expropiación de la petrolera por casi U$D 16.100 millones: 14.385 millones al fondo Burford Capital y 1.714 millones a Eton Capital.
La jueza cotejó las posiciones del Estado argentino y las demandantes y adoptó la posición más dura.
A partir de ahora, el país puede apelar el fallo.
