En la disputa presupuestaria entre la Corte de Justicia y el Gobierno se instala la política minera: la mayoría del tribunal tiene lista una sentencia a favor de una acción de amparo interpuesta por la Asamblea El Algarrobo contra la empresa litífera Livent por el supuesto agotamiento del Río Trapiche. Es la decisión que los supremos locales esgrimirían para quebrarle el saque al Gobierno en la pelea para obtener mayores recursos para el sector judicial, aunque con alcances mucho más determinantes que la inmediata disponibilidad de fondos.
Una sentencia del máximo tribunal catamarqueño contraria a la política oficial en materia minera implica un misil en la línea de flotación de los ingresos locales, que se conjuga con esquemas nacionales restrictivos. Las contribuciones del litio, que ciertamente podrían ser más altas, son centrales para que el Gobierno pueda atenuar los efectos de la motosierra nacional.
Todo se reduce a una pregunta: ¿por qué la Corte se apresta a sentenciar recién ahora?
La acción judicial fue planteada hace tres años, la coincidencia con las inquietudes económicas es sugestiva. Mucho más, cuando el año pasado, en la discusión parlamentaria por el presupuesto de la Justicia, caracterizados miembros del tribunal deslizaron al pasar que tenían el naipe del fallo para jugar en caso de que no les atendieran las exigencias.
Algunos legisladores interpretaron la alusión como un chantaje, pero no le dieron mayor importancia; de algún modo se resolvería. Ahora, cuando las estrecheces comienzan a generalizarse, se desempolva.
El acceso de Javier Milei a la Presidencia modificó las percepciones. Los ingresos provinciales cayeron abruptamente por el derrumbe de la coparticipación y las podas, y obligaron a un reacomodamiento de las prioridades. Las aspiraciones judiciales ingresaron en el contexto general de ajuste de la administración pública. Motosierra y licuadora es para todos, Corte incluida aunque duela.
En este marco, la prerrogativa de sentenciar sobre un asunto que hace a una política medular del Estado tiene proyecciones que conviene analizar.
Por supuesto, es central el impacto ambiental que tienen las actividades de Livent y el resto de las litíferas. Llama la atención, sin embargo, que recién ahora, cuando la Justicia pretende sostener un régimen salarial distinto al del resto la administración pública ordinaria, genere aflicciones entre los cortesanos.
El Poder Judicial de Catamarca ha sido sometido a sistemáticos manoseos desde hace años. Ninguno de estos enjuagues mereció alardes de independencia similares a los que ahora, con esta sentencia sobre el litio, estaría por darse.
Obviamente, dada la indubitable independencia de criterio de jueces que accedieron a sus cargos pura y exclusivamente por sus méritos, no cabe dudar de la ecuanimidad del fallo que se aprestarían a emitir.
Que sea en medio de una disputa salarial es pura casualidad. Entrega un importante aprendizaje leguleyo, de todos modos, a quien quiera litigar contra el Estado: hay que dejar trabado el litigio, nunca faltará la circunstancia política que abra la instancia para sacar provecho. Basta que los intereses del litigante coincidan con los de los jueces.
