LO RESOLVIÓ LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
Se confirmó, el incumplimiento del estatuto de la institución, juego clandestino y acoso a camareras.
Por el lapso de 30 días se designó una comisión normalizadora para el Club Social 25 de Agosto. La medida fue resuelta por la Dirección Provincial de Inspección de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, tras una presentación efectuada por una trabajadora del Bar Caravati, que funciona en instalaciones del Club Social 25 de Agosto. A través de aquélla, el organismo tomó conocimiento del presunto incumplimiento del estatuto del Club, de la Ley 3816 de la Inspección General de Personas Jurídicas, del Código Civil y Comercial, por juego clandestino y por situaciones de hostigamiento y acoso.
Además, se consideró que la División de Asociaciones Civiles y Fundaciones había manifestado que la entidad Club Social 25 de Agosto se encontraría en situación irregular, como consecuencia de no haber subsanado observaciones efectuadas al acta de asamblea llevada a cabo en el 2022.
Se advirtió que ante un presunto atentando contra el orden público, más aún existiendo violencia de género contra las trabajadoras del Bar Caravati, se debe dar cumplimiento, sea por parte de esta Dirección como de otro organismo administrativo como judicial, a lo estipulado en la Ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Ante las presentaciones efectuadas, la Dirección de Inspección General de Personas Jurídicas consideró oportuno designar una comisión normalizadora como sanción a la actual comisión directiva por no dar cumplimiento fehaciente al objeto de la institución en consonancia con en el articulado de su estatuto. El objetivo de esta intervención es ajustar su accionar íntegramente a las instrucciones de este organismo, bajo sanción de dejar sin efecto la designación, sin perjuicio de las responsabilidades que les correspondiere por su incumplimiento. Esta comisión normalizadora, que está integrada por Luis Xavier Alfonso Batalla y Luciana María Luna Aguirre, fue designada por el término de 30 días. En este marco, se podrán realizar todos los actos necesarios para la normalización de la entidad, encontrándose facultada para solicitar y requerir los libros y bienes y toda la documentación referida a la asociación, entre otras cuestiones.
En el plazo de 10 días de notificados de su designación, informarán a este organismo por escrito respecto de las medidas efectuadas tanto sobre la existencia como la recuperación de los libros de la entidad. En caso de pérdida o destrucción, solicitarán la rubricación de los libros faltantes.
Conflicto
A mediados del año pasado se habría iniciado el conflicto de intereses en el marco de la renovación del contrato de alquiler. A finales de agosto último, Cano denunció una maniobra malintencionada del presidente del Club, Arturo Navarro. También había pedido la intervención de organismos estatales para solucionar el conflicto y la intervención del resto de los “socios dignos”. Además, negó que la situación se trate de un inconveniente económico de la empresa. “Más de un organismo del Estado debería intervenir, porque hay un Estado que se esfuerza todos los días por generar fuentes de trabajo privadas y nos encontramos con el presidente de un club, como Arturo Navarro, club que tiene fines sociales y está atentando contra 35 fuentes de trabajo directas”, reclamó Cano.
Navarro salió al cruce del empresario y aseguró que Cano no tuvo intención de renovar el contrato. Añadió que la decisión de rescindir el contrato se tomó en asamblea de socios y garantizó que los empleados no perderán su fuente de trabajo ya que la condición para el nuevo inquilino será que absorba a la gente.
