EDITORIAL
Pese a los controles de las fuerzas de seguridad, que de tanto en tanto secuestran cargamentos sin la documentación que acredite su propiedad y procedencia, el transporte ilegal de rodocrosita es muy común en la provincia. Las pesquisas policiales y judiciales intentan determinar, no siempre con éxito, si el origen de esta piedra semipreciosa, pero con alto valor en el mercado internacional, es de las vetas principales que se encuentran en la mina de Minas Capillitas que actualmente está a cargo de Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN) o provienen de las escombreras donde se acumula material de descarte.
Si la rodocrosita que se transporta sin documentación procede de una veta explotada por CAMYEN, no hay duda de que se trata de un acto ilegal. El caso es más complejo y difícil de determinar la ilegalidad cuando el material es extraído de las escombreras, que son cúmulos de material generado cuando Minas Capillitas era explotada por la Dirección General de Fabricaciones Militares para la extracción de metales. En esas escombreras se encuentran restos de metales adheridos a rodocrosita, que también están en la mira de quienes buscan ese mineral, en calidades inferiores pero con importante demanda comercial.
El tema adquirió renovado interés a partir de operativos en los que se secuestró, además de equipamiento tecnológico, rodocrosita de variada calidad. Como publicó días pasados El Ancasti, la valuación estimativa del decomiso tiene que ver con el precio en el mercado legal de los desechos o escombros de menor valor que quedan de la extracción, tras las instancias de 16 clasificaciones o calidades. Al por mayor o en bruto, la rodocrosita se comercializa por kilo y cotiza en dólares. El kilo de ese desecho, que tiene un color rosado que apenas se distingue del blanco, fue valuado por fuentes oficiales en aproximadamente $120 millones.
Desde el año 2019 la empresa CAMYEN autoriza a un grupo de artesanos a ingresar a las escombreras y retirar el material de descarte. Hasta entonces el ingreso era ilegal y si alguna persona era encontrada en ese lugar podía ser arrestada. La autorización llegó luego de negociaciones en las que intervinieron los artesanos, la Justicia y el municipio de Andalgalá y la Policía Minera. El acuerdo original era que de 8 a 10 personas pudieran entrar por turno a las escombreras. El acuerdo permitió una mejor organización, pero parece insuficiente para establecer controles que permitan determinar el recorrido que hace el material desde que sale de ese ámbito de descarte. En consecuencia, no puede determinarse si la piedra que se rescata va a parar efectivamente a las manos de artesanos para la realización de su trabajo o luego se trafica en bruto, con menor calidad pero de todos modos con un buen valor de mercado.
Para que ese mecanismo no siga siendo un agujero negro donde se pierde el rastro de trazabilidad de la piedra semipreciosa, resulta imprescindible que desde CAMYEN se establezcan protocolos que formalicen los procedimientos de extracción, aun con las dificultades que implica trabajar sobre el material sobrante de las escombreras.
