Para evitar una segura derrota en el plenario de la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional decidió excluir de las medidas contempladas en la Ley Ómnibus el capítulo fiscal, que es el que generaba mayor resistencia entre la oposición “amigable”. Con ese paquete Javier Milei pretendía avanzar hacia el logro del objetivo del déficit cero este año, que se ha convertido en una obsesión presidencial.
La decisión no implica renunciar a esa meta, sino alcanzarla mediante otras herramientas. La idea había sido vociferada hace algunos días por un presidente de la nación fuera de sí, cuando amenazó con fundir a las provincias si el proyecto de la ley no avanzaba, formulada no públicamente sino en una reunión de gabinete. Pues bien, esa estrategia será, según todo parece indicarlo, la que seguirán desde el Ministerio de Economía para lograr los ahorros, aunque ya sin exclamaciones políticamente incorrectas.
El panorama se vuelve grave para las provincias, que hasta hace no muchos meses presentaban en su mayoría equilibrio fiscal o incluso superávit. El “castigo” hacia los estados subnacionales –también los municipios padecerán una poda formidable de recursos- incluye la paralización por tiempo indeterminado de la obra pública en sus territorios, la poda de recursos provenientes de organismos multilaterales de crédito y el fin, hasta nuevo aviso, de las transferencias no automáticas provenientes de Nación, como por ejemplo el Fondo nacional de incentivo docente; la asistencia financiera a provincias y municipios y las transferencias a Cajas previsionales provinciales.
El fin de la obra pública es casi letal para las finanzas provinciales –su inexistencia priva de una dinámica virtuosa con impactos directos e indirectos en la actividad económica y el empleo- y también para las empresas constructoras y sus trabajadores. Desde el comienzo del gobierno libertario, 3.500 empresas constructoras se encuentran paralizadas y 250 mil trabajadores fueron despedidos o suspendidos. Un costo social enorme.
Los únicos recursos con los que contarán las provincias y municipios en el corto y mediano plazo serán los envíos automáticos –vía coparticipación-, los que disminuirán de un modo notable en los próximos meses por la abrupta caída de la actividad económica y consecuentemente de la recaudación. Esta caída gravitará también negativamente en la recaudación propia.
Los otros sectores perjudicados por el ajuste del Plan Motosierra 2 serán los trabajadores estatales, jubilados y pensionados. El Gobierno propiciará que los empleados públicos nacionales y el sector pasivo reciban aumentos por debajo del ritmo inflacionario, lo que licuará sus ingresos. No se descartan, incluso, que haya más despidos o finalizaciones de contratos. Y los trabajadores provinciales o municipales seguramente correrán igual suerte en el deterioro del poder adquisitivo de sus salarios, considerando el ahogo financiero al que se someterá a gobernadores e intendentes.
El plan de ajuste, destinado a obtener fondos para pagar sobre todo los vencimientos de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Mauricio Macri, tiene por cierto el beneplácito del organismo de crédito. Pero también despierta dudas en el mundo financiero internacional respecto de su viabilidad política. Algunos gobernadores, que están dispuestos a un diálogo constructivo, entre ellos Raúl Jalil, pueden aportar algo de eso. Habrá, de todos modos, que esperar para ver con precisión cuál será la magnitud del ajuste y cómo reaccionarán los sectores que presentan mayor vulnerabilidad al recorte por vía de la licuación salarial, como por ejemplo los trabajadores estatales, que suelen tener una consistente capacidad de protesta y movilización.
