OPINION
Menos de 24 horas después de que la Cámara de Casación Penal confirmara la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, el gobierno nacional anunció a través de su vocero, Manuel Adorni, que iba a disponer sacarle a la expresidenta tanto su beneficio jubilatorio como la pensión como esposa de Néstor Kirchner.
El anuncio oficial tiene más una intencionalidad política que de aplicación fáctica. Hace un tiempo que el presidente Javier Milei viene eligiendo a Cristina Kirchner como su principal contendiente político, porque considera, y argumentos no le faltan, que tal confrontación le otorga réditos políticos. Si bien es cierto que la dirigente del justicialismo tiene un núcleo duro de seguidores, también lo es que posee una imagen negativa por arriba del 60% según las encuestas de opinión.
La opinión generalizada de juristas, sin embargo, señala que no es atribución del Presidente de la Nación ni de la ANSES retirar el beneficio de jubilación o pensión a una persona. El anuncio oficial recibió, como era de esperar, la respuesta de CFK, de modo que la controversia ha terminado derivando en un tiroteo político en el cual ambos contendientes se sienten cómodos.
De todos modos, no es la primera vez que el beneficio de la pensión que Cristina Kirchner cobra como esposa de un expresidente tiene cuestionamientos legales. En 2015, poco antes de abandonar el poder, gestionó su jubilación como presidenta, que le correspondía, pero también la pensión como viuda de Néstor, que no le correspondía según la ley N° 24.018, sancionada durante la presidencia de Carlos Menem, que dispone que solo debe ser una la pensión honorífica para expresidentes y exvicepresidentes equivalente a un sueldo de un ministro de la Corte. En su artículo 5°, la ley dice que “la percepción de la asignación ordenada en el artículo 1 de esa ley, es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal”. De modo que debía optar por una u otra.
El dictamen favorable que obtuvo la expresidenta la firmó la entonces ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, hermana de Néstor y cuñada de Cristina. Mauricio Macri dispuso suspender la pensión por viuda, interpretando que la ley establecía que debía gozar de uno solo de los beneficios.
La expresidenta inició una demanda que terminó en un polémico fallo del juez suplente de la Seguridad Social, Ezequiel Pérez Nami, que le dio la razón. Y volvió, hasta ahora, a cobrar los dos beneficios, que suman alrededor de 21 millones de pesos.
El catamarqueño Luis Herrero, excamarista de la Seguridad Social, que siguió el tema con minuciosidad, sostuvo que “la expresidenta primero inventó una demanda por violación a su derecho de defensa ante el Ministerio de Desarrollo Social, lo cual era falso, pues interpuso un recurso de reconsideración, primero, ante el ministerio, y de carácter jerárquico, después, ante el Poder Ejecutivo, que fueron rechazados». “Pero lo más grave es que este proceso administrativo fraudulento de la expresidenta fue avalado en primera y segunda instancia en el fuero de la seguridad social», añadió.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, no apeló el fallo y terminó convalidando la maniobra.
Difícilmente la intención del Ejecutivo nacional de quitar los beneficios prospere sin una nueva demanda legal de parte de la expresidenta. De modo que lo que se advierte es que, mientras por un lado los cruces verbales tensan al extremo la relación política entre el oficialismo y el sector más importante de la oposición, por el otro la más añeja polémica por las jubilaciones de privilegio amenaza con sumar un nuevo y tal vez extenso capítulo en los tribunales federales.
