OPINIÓN
La discusión por el Presupuesto 2025 de la Provincia se enmarca en un clima de incertidumbre por la indefinición del Presupuesto Nacional para el mismo período. Aunque el presidente Javier Milei convocaría a sesiones extraordinarias, el temario que eventualmente se trataría no lo incluye.
Lo más probable es que la Nación reconduzca el Presupuesto vigente, que a su vez es el de 2023 reconducido, lo que dejaría a disposición de la casa Rosada para distribuir arbitrariamente en el año electoral entre el 21 y el 28% de los recursos públicos de acuerdo a los cálculos que hizo el sitio periodístico Cenital en base a los datos oficiales. Son entre 25 y 33 billones de pesos, que comprenden recursos a negociar con los gobernadores, subsidios a la energía y el transporte y financiamiento a organismos como el PAMI.
Es en ese marco, curándose en salud, que el Gobierno busca ampliar al máximo su margen de maniobra financiera. Por las dudas, pide autorización para tomar deuda por casi 140 mil millones de pesos para financiar programas y proyectos de inversión pública y emitir Letras del Tesoro provincial por otros 24 mil con el propósito de “cubrir deficiencias estacionales de caja”. También explica el contexto que por primera vez se haya incorporado en el proyecto de Presupuesto un artículo específico que da cuenta de la proyección de las regalías mineras: más de 17 mil millones de pesos que, como se sabe, van derecho a los fideicomisos destinados a fondear obras públicas.
En este marco, la primera meta política que anota el Gobierno en el mensaje de elevación del proyecto de Presupuesto a la Legislatura es “el plan de obra pública”, caracterizado como “eje fundamental para promover el desarrollo equitativo, mejorar la calidad de vida de nuestra población y potenciar la conectividad en el territorio”.
Como ejemplo del “esfuerzo por garantizar infraestructura para la logística productiva y el turismo” menciona dos obras: el puente sobre el río Abaucán, en Tinogasta, y la Ruta Provincial 43, que va de la Villa de Antofagasta hasta el límite con Salta.
Sobre esta última, el diputado Mamerto Acuña ha planteado dudas porque se presenta como financiada por el fondo fiduciario minero, pero figura en el Presupuesto 2025 como parte de un crédito que tomaría la provincia.
“Estamos hablando de que 15.000 millones de pesos irán directamente desde un préstamo al fondo fiduciario, sin ningún tipo de control efectivo sobre su ejecución», señaló Acuña.
La obra que enfoca Acuña fue adjudicada en agosto a una UTE conformada por las firmas Guido Mogetta SA, Huasi Construcciones SRL e ITALCA Constructora SRL, por un monto total superior a los 33 mil millones de pesos y un plazo de ejecución de dos años. Es decir que hay financiamiento comprometido, en principio del fideicomiso minero. Eventualmente podría requerirse un crédito, que entraría por el fideicomiso, fuente de financiamiento del proyecto, e iría calzado con los recursos de este.
Si se hurga en el proyecto presupuestario, hay más previsiones por el estilo, que obedecen al extraño cariz que tomaron las relaciones entre las provincias y la Casa Rosada desde la asunción de Javier Milei, cuya meta es mantener el Déficit Cero a rajatabla. Los amplios márgenes de discrecionalidad para administrar que tendrá sin las restricciones de un Presupuesto le darán un poder enorme.
La contracara de eso es la rotunda baja de la inflación y una baja del riesgo país que facilita el ingreso al mercado de créditos a tasas razonables. El Gobierno intenta establecer un blindaje financiero aprovechando esta circunstancia, de cara al año electoral, solventando las políticas que considera más valoradas.
Tan lógico es que trate de solventarlas como que la oposición las ataque.
