DENUNCIAN QUE EL INMOBILIARIO AUMENTÓ UN 300%
Además, los diputados radicales también exigieron que OSEP se haga cargo de las pruebas para el dengue.
El bloque de diputados de la UCR arremetió contra el Gobierno provincial exhortándolo a tomar medidas con respecto a tres situaciones: el fuerte incremento del Impuesto Inmobiliario, la situación del dengue y el despido de trabajadores en organismos nacionales.
En lo que refiere al “impuestazo” que significó un incremento del 300% en el Impuesto Inmobiliario, el bloque presentó un proyecto de resolución exhortando al Ejecutivo Provincial, que declare la “nulidad absoluta” de los nuevos valores asignados a los inmuebles (valuación fiscal) por la Dirección General de Catastro, dependiente de ARCA.
Desde el bloque justificaron el planteo al sostener que las resoluciones con las que se aplicó el aumento, poseen «vicios de forma, que la torna irregular, de índole confiscatoria, contraria a nuestro sistema normativo vigente y, por ende, ilegal».
Concretamente, los diputados le exigen a ARCA abstenerse de exigir a los contribuyentes el pago del impuesto inmobiliario «en virtud de los valores indebidamente fijados para el ejercicio fiscal 2024”. A su vez, piden “dejar sin efecto la Disposición DGC. Nº 145/2023 y limitar el aumento al tope establecido en la Ley Impositiva 5830, para el ejercicio del año 2024».
En este sentido, los diputados rechazan el aumento del impuesto inmobiliario «por fuera de lo dispuesto por la ley impositiva, que afecta injustamente a los propietarios de bienes raíces sin una justificación y procedimiento adecuado», considerando que dicho aumento «se materializó mediante la revaluación desmedida e improcedente de la propiedad inmobiliaria».
Si bien, los legisladores reconocen que el Impuesto Inmobiliario “es una herramienta fundamental para la recaudación de fondos por parte del Estado, destinado a financiar servicios públicos y proyectos de infraestructura”, advierten que «cualquier aumento en este impuesto debe cumplir con los principios, requisitos legales y constitucionales, que garantizan la equidad, la proporcionalidad, la razonabilidad y el respeto a los derechos de los contribuyentes».
Para el bloque opositor, el aumento de la valuación fiscal «deviene ilegal» teniendo en cuenta diferentes elementos. Uno de ellos, es que la Legislatura Provincial sancionó la ley impositiva para actual año en ejercicio, estableciendo un tope al incremento del impuesto inmobiliario del 150%, “mientras que la medida del Ejecutivo estableció un aumento por el doble de lo permitido, es decir un aumento de un 300%, extralimitándose en sus facultades y contrariándose una vez a lo establecido por la Constitución Provincial».
Entre los aspectos negativos mencionan una carga excesiva para los propietarios lo que “podría afectar negativamente su capacidad para mantener la propiedad y cumplir con otras obligaciones”; Impacto en la economía local “incrementando los costos de las operaciones inmobiliarias”; Desproporción con los Servicios Públicos y Necesidad de Transparencia y Justificación.
“De ninguna manera podemos permitir un aumento de estas características, más como representantes de todos los catamarqueños y catamarqueñas porque se constituye en un nuevo ataque al bolsillo de miles de familias”, finalizaron.
Pedido a OSEP
Por su parte, el diputado Tiago Puente presentó un proyecto de resolución en el que solicita a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), la cobertura total del análisis correspondiente para la detección de la enfermedad dengue. “La realidad económica que atraviesa la provincia, no es ajena a los empleados públicos, quienes además de soportar tres descuentos de la obra social provincial, no poseen una cobertura íntegra en este caso puntual”, sostuvo el diputado radical.
Más adelante, indicó que actualmente “en diferentes laboratorios de la Capital, cada prueba de detección supera los $30.000”, resaltando que el análisis es requerido con obligatoriedad en muchos lugares de trabajo. “Las complicaciones del dengue pueden provocar ausencias laborales prolongadas de los empleados públicos. Cubrir los análisis de detección permitiría un diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado, reduciendo el ausentismo”, puntualizó.
Planteo por despidos
Durante la sesión del miércoles, la presidenta del bloque de la UCR, Silvana Carrizo, había solicitado al Gobierno que, en el marco de las negociaciones con Nación por el Pacto de Mayo, pida por la continuidad de los empleados catamarqueños en los organismos nacionales.
“Más allá de repudiar los despidos de catamarqueños en áreas nacionales, creemos que es necesario buscar como provincia qué alternativas podemos tener a esos problemas. Nosotros creemos en el diálogo y el Gobernador también dijo lo mismo. En ese diálogo que está llevando adelante el Gobernador, en el marco del Pacto de Mayo, debería pedir a Nación por la fuente laboral de los catamarqueños y por la no interrupción de políticas públicas que se realizaban a través de los organismos que se están cerrando”, dijo.
