OPINIÓN
La caracterización de los lamentables episodios ocurridos el miércoles en las afueras del Congreso y la Casa Rosada como un conato de golpe de Estado se inserta en la sostenida retahíla de agravios gratuitos, disparates y sobreactuaciones oficialistas que ha contribuido más que ningún otro factor al clima de hostilidad y fractura imperante.
La descripción corrió por cuenta nada menos que del jefe de Gabinete Guillermo Francos, sujeto por lo general prudente en sus manifestaciones que en este caso parece haberse contagiado de la propensión a las desmesuras del presidente Javier Milei y sus estrafalarias Fuerzas del Cielo.
“Se les ocurrió la original idea de poner barrabravas a defender los derechos de los jubilados y eso provocó los disturbios que vimos ayer: la generalización de la violencia. Esta marcha estuvo organizada al grito de que se vayan todos, lo que se pretende es una especie de golpe de Estado”, dijo muy suelto de cuerpo.
El dardo es para el kirchnerismo, pero se trata de una perdigonada al bulto gatillada por difusas presunciones e inducida por la necesidad de un construir enemigo con volumen suficiente para justificar el fracaso de los dispositivos de seguridad coordinados por la ministra Patricia Bullrich, demostrado por una represión indiscriminada y salvaje.
El desborde de los barrabravas y lúmpenes durante la marcha de los jubilados es producto de la incompetencia, más allá de la eventual intervención que hayan tenido en los incidentes sectores de la política tan desvariados como el oficialismo.
Se trata de una aseveración peligrosísima en boca de un funcionario de primera línea. Postula una conspiración antidemocrática con una carencia de pruebas curiosa para una gestión que se envanece de su eficacia en materia de seguridad e inteligencia. Abre espacio para colocar al margen de la ley a cualquier persona o sector que disienta con el Gobierno, cosa particularmente inquietante si se consideran los rasgos facciosos de la retórica oficial que multiplican las usinas de lo que el “Gordo Dan” Daniel Parisini denomina la “guardia pretoriana” de Javier Milei.
Desde las cloacas digitales se ha empezado a desacreditar ya a la jueza porteña Karina Andrade, que liberó a los detenidos en los incidentes, por ser feminista y defensora de los derechos humanos. Anótese: ni siquiera se consideran los fundamentos de las disposiciones judiciales; la crítica es una reacción refleja y se circunscribe a lo ideológico. ¿Forma parte la jueza Andrade del complot golpista postulado por Francos?
Nadie hace más por desestabilizar al Gobierno que el propio Gobierno.
Desde que asumió la Presidencia, hace ya un año y tres meses, Javier Milei se ha dedicado a insultar y denigrar sin freno a cualquiera que disienta con sus criterios: instituciones, artistas, políticos, dirigentes sindicales y sociales, economistas, intelectuales, periodistas y medios son objeto de diatribas sistemáticas cargadas de odio, tramadas por un mesianismo ideológico que incluye denigrar preferencias e identidades sexuales y la utilización del vocablo “zurdo” como insulto.
Es ahí, en la irresponsable liviandad con que se disparan las palabras, donde se engendra la violencia.
No hay, por fortuna, ningún sector político en condiciones de perpetrar un golpe de Estado. ¿Quién iba a tomar el poder si la hipotética insurrección prosperaba? ¿Alguno de los jubilados que quedó en medio del desastre que el infalible aparato de seguridad de Bullrich no pudo conjurar?
Desparramar semejante especie es sobrevalorar la capacidad operativa de grupos insignificantes y retroalimenta la paranoia de un Gobierno que no encuentra más salida para su propia ineptitud que escalar en los desatinos.
