LA AYUDA SOCIAL NO LLEGA
Cáritas pidió que se normalice el abastecimiento a los comedores para los movimientos sociales, asociaciones, centros vecinales y sindicatos.
La Iglesia, a través de la Comisión Episcopal de Cáritas Argentina volvió hoy a pedirle al Gobierno mediante un comunicado que se les proporcione “la ayuda necesaria” en materia de alimentos a los comedores populares para que puedan seguir funcionando. Más allá del acuerdo que se alcanzó el miércoles entre Cáritas y el Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello, remarcan: “Hoy nadie puede asumir la cantidad y complejidad del trabajo social de manera individual, y es por eso que insistimos en integrar a todos aquellos que con enorme sensibilidad atienden a los más pobres y en que también se les dé la ayuda necesaria para que puedan seguir haciéndolo”.
Se trata de la segunda declaración que dio esta semana la cúpula de Iglesia a pocas horas de la reunión que está previsto que se dé el lunes en Roma entre el presidente Javier Milei y el sumo pontífice papa Francisco.
Por eso pidieron que tanto los movimientos sociales, asociaciones, centros vecinales y sindicatos, entre otras instituciones que colaboran conjuntamente con la Iglesia, puedan normalizar su funcionamiento lo más pronto posible porque los niveles de pobreza en los últimos tiempos crecieron. “En un país cuya pobreza sigue creciendo y que no admite miradas sesgadas, prejuicios ideológicos y peleas sectoriales, somos testigos de que muchos hermanos viven la angustia de no saber con qué alimentarán mañana a sus hijos”, expresaron.
Pettovello estuvo en el centro de la polémica esta semana por una movilización de grupos piqueteros que tienen buena relación con la Iglesia para reclamar alimentos. La movilización la hicieron la UTEP de Juan Grabois -con llegada directa al Papa- y otras organizaciones aliadas.
La señalización contra los “prejuicios ideológicos y peleas sectoriales” tienen que ver con que en la Iglesia cuestionan la decisión política que tomó el gobierno de desplazar y desconocer a la mediación de las organizaciones sociales y piqueteras para llevar al territorio la asistencia, una tarea de la que el Estado los últimos años se retiró.
