Con una propuesta de ley en el Congreso
El diputado se basó en unos decretos nacionales que le dieron el territorio a Catamarca. “La Provincia no reclama más que lo que históricamente le pertenece y que jurídicamente ha sido siempre suyo”, adujo.
El diputado nacional del radicalismo con peluca, Francisco Monti, busca ponerle fin al longevo conflicto limítrofe que mantiene Catamarca con Salta en el área de Antofagasta de la Sierra. Para ello, presentó un proyecto de ley apuntando a fijar de manera definitiva el límite legal y basándose en dos decretos nacionales que en su momento asignaron a Catamarca el departamento de Antofagasta, incluyendo zonas como el Cerro Incahuasi, la Sierra de Archibarca, el Cerro Ratones y el Volcán Azufre.
“Catamarca no reclama más que lo que históricamente le pertenece y que jurídicamente ha sido siempre suyo”, remarca en la iniciativa el opositor a nivel local. Más allá de eso, Monti recordó que la delimitación se apoya en el decreto del 19 de mayo de 1904, que organizó el antiguo Territorio Nacional de Los Andes y el decreto 9375 de 1943, que disolvió ese territorio y asignó a Catamarca el departamento de Antofagasta de la Sierra, incluyendo los territorios en disputa.
En este sentido, puso en relevancia que “este traspaso no fue meramente administrativo. Se trató de una decisión soberana del Estado Nacional, legítimamente ejercida, que transfirió el dominio, la jurisdicción y la titularidad a Catamarca. Lejos de ser una disposición transitoria o arbitraria, el decreto fue ejecutado, acatado y reafirmado por décadas de práctica estatal e institucional”.
El legislador también sostiene que, durante décadas, Catamarca ha ejercido soberanía real sobre esa zona: ha otorgado concesiones mineras, realizado catastros, llevado adelante políticas públicas y garantizado presencia institucional. “Salta intentó avanzar con actos de jurisdicción sobre el área mencionada”, continúa para rescatar que la vecina provincia basa su reclamo “en supuestos títulos históricos derivados del Virreinato del Río de la Plata y que los Decretos carecen de valor por no haber sido ratificados por ley”. “Esta posición es jurídicamente insostenible”, refutó Monti.
Así, asegura que la iniciativa “no crea un nuevo límite, se limita a declarar y consolidar uno que ya ha sido determinado, ejecutado y respetado por los órganos del Estado durante más de ochenta años”. Ahora bien, en lo puntual, el proyecto no solo reconoce la jurisdicción plena de Catamarca sobre el área, sino que también ordena actualizar los registros geográficos y fiscales a nivel nacional.
A la vez, exige que el Instituto Geográfico Nacional realice el amojonamiento del límite en un plazo de 180 días. En tanto, declara inválidas todas las concesiones -mineras- otorgadas por Salta en esa región, por tratarse de una zona fuera de su competencia.
