Anuladas por decreto
El presidente Javier Milei rechazó las leyes aprobadas por el Congreso y las consideró inconstitucionales.
El presidente Javier Milei firmó este sábado el veto a las leyes que proponen un aumento en las jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad. Esta trascendental decisión se oficializará con su publicación en el Boletín Oficial el próximo lunes. La medida tiene como principal objetivo proteger el superávit fiscal, al que el Gobierno considera el «ancla que nos está llevando al futuro», y evitar que el país caiga en la «bancarrota y la pobreza», según declaraciones previas del propio mandatario.
Esta acción ha desatado una inmediata y contundente ola de críticas y un amplio rechazo desde diversos sectores de la oposición, que ya anticipan su intención de insistir con las legislaciones en el Congreso.
Las leyes vetadas, que habían sido aprobadas por el Senado a principios de julio y que obtuvieron un contundente respaldo de 142 votos a favor en la Cámara de Diputados, implicaban un aumento real del 7,2% para todos los haberes y pensiones, excluyendo los regímenes especiales.
Adicionalmente, contemplaban un incremento significativo del bono, que pasaría de $70.000 a $110.000, y que sería actualizable por inflación. La normativa también preveía la restitución por dos años de la moratoria que permite a las personas sin los 30 años de aportes comprar los saldos faltantes para acceder al haber mínimo.
El Gobierno, por su parte, confía en tener los votos necesarios para defender los vetos en la Cámara de Diputados, buscando así evitar que dos tercios de los legisladores presentes voten a favor de rechazarlos en alguna de las dos cámaras. Semanas atrás, el propio Milei había sido enfático al advertir: «Vamos a vetar. Aun si se dieran las circunstancias, que no creo, que el veto se caiga, lo vamos a judicializar». El presidente subrayó que la política de superávit fiscal es una premisa innegociable y permanente y que, incluso en el «peor de los casos», el daño que podrían causar estas leyes sería mínimo y rápidamente revertible.
En este complejo escenario de intensas negociaciones políticas, la Casa Rosada analiza presentar a las provincias una oferta para repartir una parte de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), aunque sin un monto aún definido, con el fin de atenuar el conflicto con los gobernadores. Estos mandatarios provinciales reclaman fondos del Tesoro y una modificación en la distribución de los recursos que el país obtiene a través del impuesto a los combustibles líquidos.
El veto presidencial cuenta con el expreso respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI). En un documento técnico publicado recientemente, tras aprobarse la primera revisión del acuerdo con Argentina, el organismo señaló que las leyes de gasto sancionadas por el Senado (aumento de jubilaciones, moratoria y fondos para ayuda por discapacidad) generaron un escenario de «tensión política e institucional».
Según los cálculos del FMI, estas medidas representan un aumento del gasto del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) y fueron aprobadas en un contexto de «creciente presión electoral» e «intensificación de campañas políticas, tanto a nivel nacional como provincial, de cara a las elecciones legislativas de octubre».
El FMI estima que, a pesar del veto presidencial, la resolución de este paquete legislativo podría demorarse más allá de octubre debido a la complejidad de los mecanismos institucionales y la posibilidad de litigios judiciales.
Rechazo
La decisión presidencial ha generado una amplia y contundente reacción de rechazo desde la oposición, con dirigentes de diversos sectores políticos manifestándose en contra. Las críticas se hicieron sentir en redes sociales pocas horas después de que el Gobierno difundiera la noticia de la firma de los vetos.
Desde el Senado, la legisladora nacional por la provincia de Buenos Aires, Juliana di Tullio, muy cercana a la expresidenta Cristina Kirchner, fue concisa pero clara al escribir «Insistiremos» en la red social X.
En la Cámara de Diputados, la legisladora cordobesa Natalia de la Sota, integrante del bloque Córdoba Federal, propuso directamente a sus colegas rechazar la decisión del presidente y mantener la vigencia de las leyes. En su mensaje en X, expresó: «Una vez más, Milei anula leyes del Congreso. En este caso, vetó los aumentos a jubilados, la ayuda a personas con discapacidad y la moratoria previsional. Propongo que todos, en el Congreso, rechacemos de inmediato la decisión del Presidente y demos vigencia a esas leyes».
Dentro del bloque de Unión por la Patria, fueron varios los legisladores que manifestaron su desagrado. La cordobesa y camporista Gabriela Estévez escribió: «Hay un gobierno capaz de cagarte el finde, el mes, la vida. Crueldad sin límites». Su compañero de bancada, Eduardo Toniolli, aprovechó para cuestionar la postura de los gobernadores dialoguistas: «En las próximas semanas sabremos si el ‘grito federal’ de los gobernadores dialoguistas es un llamado a la acción para defender a los agredidos por Milei, o una puesta en escena para entregarlos una vez más».
La referente de Izquierda, Myriam Bregman, acusó a Milei de ser un «pequeño virrey» y que «el veto es un mecanismo monárquico y Milei lo usa para continuar con el plan del FMI».
