El diputado nacional Sebastián Nóblega, acompañado por sus pares locales Silvana Ginocchio, Dante López Rodríguez y el fueguino Jorge Neri Araujo Fernández, presentó un proyecto pidiendo que se deje sin efecto el polémico decreto de la administración libertaria que encabeza Javier Milei, que “introdujo una profunda reorganización del sistema institucional en materia de transporte, infraestructura vial y seguridad vial”.
La movida, que busca restituir el andamiaje legal y los organismos que fueron eliminados o modificados por Nación, se apoya en un argumento central: el decreto se metió con leyes que solo el Congreso puede cambiar. “La utilización de un decreto para derogar o reformar leyes excede los límites de la delegación legislativa y vulnera el principio republicano de división de poderes”, dice Nóblega.
En la iniciativa, uno de los principales puntos es la defensa de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), un organismo que “administra más de 39.000 km de rutas nacionales y cuenta con un plantel técnico de más de 6000 profesionales y operarios capacitados”.
Sobre este eje, el diputado opositor a nivel nacional advierte que su eliminación “no responde a un criterio de eficiencia, sino a una estrategia de recentralización incompatible con el principio de federalismo de concertación”.
“Más de 600 localidades rurales en zonas de difícil acceso (como la Puna, la Patagonia y el NEA-NOA) dependen exclusivamente de la intervención de la DNV para mantener su conectividad”, señala el proyecto para acotar que la pérdida de mantenimiento estatal directo en “corredores estratégicos también afectará el comercio exterior y aumentará la siniestralidad vial”. “La omisión de fondos específicos -como el impuesto a los combustibles- también evidencia un proceso de vaciamiento previo a la disolución”, acota.
Además, la propuesta también apunta a la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTSV), organismos que desde hace más de una década venían desarrollando políticas públicas para reducir la siniestralidad y formar ciudadanía vial. “Eliminar la ANSV implicaría desarticular una política pública eficaz y técnica, debilitando la capacidad estatal de prevención, coordinación federal y protección de vidas”, advierte el texto.
