EDITORIAL
La decisión del Gobierno de no plegarse al tope al incremento de las cuotas que cobran los colegios de gestión privada reactivó la discusión por el costo de la educación, en una escena signada por la inflación. El precio de los elementos de la canasta escolar ha subido por encima del 100 por ciento respecto del año pasado los colegios privados catamarqueños han sido autorizados a aumentar sus cuotas hasta en un 30%, casi el doble del límite que propusieron las autoridades nacionales.
Si bien las noticias publicadas al respecto generan intensas recriminaciones en las redes sociales, estas catarsis no se traducen en acciones o planteos concretos por parte de las familias afectadas. A los desembolsos se suman los uniformes, que se exigen a pesar de que en la educación primaria su uso no es obligatorio debajo del guardapolvo.
No hay una regulación en lo que concierne al secundario, pero un mínimo criterio de razonabilidad debería inducir una reducción de las exigencias en tal sentido. Suficiente es el impacto en el presupuesto familiar que representa la compra de los enseres necesarios para el inicio del ciclo lectivo, como para encima imponer la adquisición del uniforme. El requisito linda con lo discriminatorio. Que la situación no se traduzca en controversias más medulares podría parecer extraño, si no fuera por la resignación que parece haberse apoderado de la comunidad educativa en general, cuyos agobios no pueden ya ser considerados una crisis por su carácter crónico.
En Catamarca, el desplome de los niveles de calidad educativa es particularmente profundo, lo mismo que la fuga de matrícula del sector público hacia el privado.
El sistema educativo, que fue en algún momento factor de integración e igualación social, se interna en mecanismos de exclusión y clasismo basados en el poder adquisitivo.
En estos mecanismos, el costo escolar desorbitado en el inicio del ciclo lectivo se suma como un engranaje más, y la obligatoriedad de adquirir uniformes es quizá la más alta expresión de estos pretendidos elitismos.
Una política cercana a la gente debería contemplar estos elementos en el contexto de la pronunciada crisis que aqueja al país. En definitiva, todo se reduce a determinar qué cosas son indispensables para la formación y de cuáles puede prescindirse. El uniforme no parece ser un elemento pedagógico central, y es pertinente recordar que la ley que impuso el uso obligatorio del guardapolvo blanco se basó, justamente, en la conveniencia de atenuar las diferencias sociales en el ámbito educativo primario. En esa disposición -el guardapolvo no deja de ser un uniforme sí puede reconocerse el impulso igualitario de la frase de don Arturo Jauretche: «O es pa’ todos la cobija, o es pa’ todos el invierno».
