INVESTIGA EL FISCAL SANTOS REYNOSO
Se analizan 194 casos de personas que habrían incurrido en una incompatibilidad y la posible responsabilidad de funcionarios provinciales y nacionales.
El fiscal federal Santos Reynoso libró una serie de oficios vinculados a la denuncia que presentó el fiscal Guillermo Marijuan sobre 194 empleados públicos de Catamarca que cobraban el plan Potenciar Trabajo.
Uno de los principales objetivos es determinar qué ocurrió primero: si la designación de estos como empleados públicos o, sus altas como beneficiarios sociales. La próxima semana se tomarán testimonios y no descartan la responsabilidad de funcionarios provinciales y nacionales.
Reynoso indicó que ya se abocó a la causa ordenando las primeras medidas “ineludibles y necesarias para avanzar en la investigación de este supuesto ilícito”.
“Son 194 personas que gozaban del plan Potenciar Trabajo y son empleados públicos de la Provincia. Una vez que tengamos respuesta de los oficios, avanzaremos. Estamos buscando todos los datos de interés para la causa”, indicó.
En esa línea, comentó que ya pidió informes a organismos nacionales y del Gobierno de Catamarca y, además solicitó los testimonios necesarios para determinar cómo se logra advertir esta supuesta maniobra ilícita. “Habrá que determinar en el futuro cómo se produjo en cada caso concreto: hay que analizar si los empleados provinciales gozaban del plan y después fueron designados en la Provincia, o si ya eran empleados cuando empezaron a gozar del plan. De allí también surgirá la responsabilidad de funcionarios provinciales o nacionales que no hayan advertido esta incompatibilidad”, remarcó el representante del Ministerio Público Fiscal.
Si bien se conoce el número exacto de personas, no hay precisiones ni datos concretos respecto de los períodos de tiempo en los que habrían cobrado ambas prestaciones; ni las fechas de sus designaciones o de inicio de cobro de planes; ni si estos planes se suspendieron o no, o si esa prestación la percibieron estos 194 apuntados o hubo otras personas involucradas como intermediarias, como tampoco hay información sobre en qué organismo concreto se desempeñaban como empleados. “Con las medidas solicitadas vamos a determinar todos estos datos que son necesarios para incorporar al sumario, tomar medidas y eventualmente llegar a una imputación de quienes resultaran responsables, cómplices, encubridores y demás. Una vez que tengamos las sospechas, procederemos a realizar imputaciones. En este caso creemos que hay responsabilidades, tenemos que ver el grado de alcance”, aseguró el fiscal.
En este sentido, recordó que el fiscal Guillermo Marijuan en su denuncia hace referencia al fraude a la Administración, “pero con el correr de la investigación resultarán otros responsables y podría haber una figura de incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad o lo que pudiera resultar”, expresó. La próxima semana tomarán testimonios de personas encargadas del entrecruzamiento de estos datos.
Hasta marzo pasado, la investigación de Marijuan (titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social) detectó 9.413 empleados públicos de toda la Argentina que recibían el beneficio del programa Potenciar Trabajo, lo que constituye un “problema de compatibilidad” por lo cual el Gobierno Nacional evalúa darlos de baja.
Tanto Catamarca como Chubut fueron “las provincias más rezagadas en responder el requerimiento fiscal” y recibieron dos intimaciones. Ocurre que el fiscal envió a principios de noviembre de 2023 un oficio a los gobernadores para que remitieran las bases de datos de sus empleados públicos. Según este expediente, la irregularidad implica una erogación anual de unos 84.000 millones de pesos sin contar bonos. En Catamarca se estima que podría haber una defraudación de entre 8 y 16 millones de pesos mensuales.
Además de los 194 de Catamarca, se investigan en Buenos Aires 2.243 casos, en Tucumán otros 1.145, en La Rioja 1.060, en Jujuy 652, en Corrientes 518, en Salta 434, en Río Negro 198, en Córdoba 194, en Formosa 180, en Santa Cruz 128; en CABA 231, en Santa Fe 350, en San Juan 109, en Mendoza 173, en Neuquén 343, en San Luis 43, en Entre Ríos 106, en Chaco 336, en Misiones 321, en Chubut 104 y en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 49.
