OPINIÓN
Al expresarse sobre la conveniencia de bajar los decibeles de la agresividad en la discusión y trabajar en generar espacios de diálogo y consenso más allá de las diferencias políticas, el gobernador Raúl Jalil valoró haber recibido de Lucía Corpacci un sector público con sus finanzas saneadas y excedentes para sortear contingencias.
En estos tiempos de extremismo, el caso catamarqueño es un ejemplo interesante de que existe más de un modo de administrar los recursos del erario sin caer en déficits insalvables, valioso para quienes, como Jalil o el intendente Gustavo Saadi, entienden que el Estado tiene un rol que cumplir como dinamizador de la economía, en contra del antiestatismo terminante que postulan el presidente Javier Milei y La Libertad Avanza. Muchas cosas podrán endilgársele al peronismo que gobierna Catamarca desde 2011, pero no el pecado, mortal para los libertarios, del desequilibrio fiscal. Corpacci puede mostrar en este aspecto el mérito adicional de haber transitado su segundo y último mandato con un gobierno nacional adverso, el de Mauricio Macri.
Jalil resaltó que el Estado catamarqueño «no se ha endeudado» y que eso le permitió evitar situaciones críticas que afectaron a otras provincias.
“Nosotros recibimos de Lucía (Corpacci) un sector público sin deuda en dólares y un importante margen financiero, lo que nos ha permitido superar las adversidades, compensar pérdidas que se fueron dando y mantener las políticas de obras públicas y estímulo al sector privado y el consumo, aparte de incrementos salariales que fueron acompañando la inflación», dijo.
«Tenemos que valorar ese equilibrio y sostenerlo”, consideró.
Es decir: el superávit que legó Corpacci proporcionó a Jalil, que se ocupó por su parte de mantenerlo, un amplio margen de maniobra para atemperar en Catamarca el impacto de la degradación económica nacional y pilotear la abrupta interrupción de los giros nacionales discrecionales, que la Casa Rosada decidió unilateralmente, y la caída de los ingresos en concepto de coparticipación federal.
“Nosotros entendemos que la obra pública es un elemento dinamizador de la economía y hemos sostenido la inversión con mucho esfuerzo, del mismo modo que procuramos mantener el poder adquisitivo y la calidad de vida de los catamarqueños. Son cosas que nos han costado mucho, que hemos conseguido con una administración correcta de nuestros recursos y la intervención del Estado para fomentar la actividad privada y optimizar los servicios que el Estado debe prestar. Tenemos que cuidar lo que hemos logrado y profundizar las políticas que nos han dado buenos resultados, pero eso no implica que debamos pelearnos con nadie porque piense distinto, sino que hay que buscar los puntos de encuentro, las coincidencias y trabajar sobre eso”, dijo el gobernador.
En las antípodas de esta situación están provincias como La Rioja, que este lunes incumplió nuevamente otro pago de la deuda a acreedores privados y continúa el default a nivel internacional del denominado Bono Verde destinado a financiar el Parque Eólico Arauco, con vencimiento en 2028, emitido por un total de 318,4 millones de dólares y un rendimiento anual del 8,50 %.
Con el default, el gobierno de Ricardo Quintela busca forzar una baja de intereses y una reprogramación de los plazos de pago. La situación precipitó una demanda de tenedores de esos bonos en un tribunal del Distrito Sur de Nueva York en agosto del año pasado.
«El default no tiene fecha. Se cierra cuando se llegue a un acuerdo», señalaron desde el Gobierno riojano. Quintela le reclama unos u$s700 millones a la Nación.
Gracias a una política de finanzas sanas que viene desde la gestión de Corpacci, Catamarca no debe afrontar estas angustiosas circunstancias ni se vio obligada, como La Rioja, a emitir una cuasimoneda con el “Chacho”.
