OPINION
La posición asumida por el ministro de Minería en torno a la polémica por la venta de los derechos de Livent en la puna catamarqueña al holding Rio Tinto, fue cuanto menos evasiva en el aspecto crucial del debate, que es si la provincia obtuvo o no algún tipo de beneficio en la descomunal transacción de 6.700 millones de dólares al contado y en efectivo, contando también los activos de Arcadium Lithium a nivel mundial. Nada de eso dijo Marcelo Murúa, aunque sí intentó involucrar a la oposición al sostener que sus diputados avalaron la ampliación del contrato entre la Provincia y la minera, que en ese momento era FMC Corporation. Añadió, en su argumentación, que cuando fue la primera modificación del contrato, realizada en 1994, estaba en el poder el Frente Cívico y Social.
La evasión por parte del funcionario provincial de una respuesta al interrogante central, que es si la Provincia, que tiene acciones clase A, dos directores y un síndico en la compañía, percibió algún porcentaje de la multimillonaria operación, tiene un motivo. Y es que, como se especulaba, no obtuvo ningún rédito, porque cedió esa posibilidad cuando se modificó el acuerdo que tenía con la minera.
Como se explica en el informe publicado en la sección Política y Economía de El Ancasti, en el contrato original de 1991, firmado entre la Dirección de Fabricaciones Militares (titular original de los derechos mineros), la Provincia (titular del dominio eminente) y FMC Corporation (luego Livent) para la explotación del proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto, queda claro que para el traspaso de derechos por una de las partes debía haber una autorización previa de la otra. Y es recién en la ampliación del contrato, ocurrido en 2017, cuando se autoriza la posibilidad de que Livent venda su parte sin que la Provincia tenga participación alguna en la operación. Pocos años después, Livent (luego de fusionarse con Allkem para conformar Arcadium) vendió sus derechos en la provincia a Rio Tinto por 6.700 millones de dólares en efectivo, junto con sus operaciones en Salta y Jujuy.
“Las partes acuerdan que FMC Corporation (Livent) y sus sucesoras podrán ceder, en cualquier momento y sin el consentimiento de la Provincia, la totalidad de sus derechos y obligaciones bajo este acuerdo y sus modificaciones a una compañía vinculada, ya sea presente o futura, incluyendo compañías vinculadas que fueran creadas con el propósito de convertirse en compañías públicas independientes que coticen y comercialicen libremente sus acciones en los mercados de valores internacionales”, señala un párrafo incorporado en la modificación mencionada.
Murúa dio, en cambio, largas explicaciones sobre la instrumentación del acuerdo y la presunta participación opositora en el aval legislativo. Dijo que las críticas de la oposición “carecen de fundamentos sólidos y que los acuerdos se realizaron dentro del marco normativo vigente”.
Además, destacó que el monto de 6.700 millones de dólares que se conoce por la venta corresponde al valor de todos los activos de Arcadium Lithium a nivel mundial, incluyendo operaciones en Argentina, Australia, Canadá, así como plantas de conversión en Estados Unidos, China, Japón y Reino Unido. “Es erróneo afirmar que este monto se refiere solo al Proyecto Fénix en Catamarca”, dijo Murúa, asegurando que ese número “puede confundir a la opinión pública sobre el tema”.
Las explicaciones del funcionario provincial divagan por argumentos que forman parte de un debate marginal, secundario al principal, que es que la Provincia quedó totalmente al margen de una transacción por una cifra inédita por su envergadura, a raíz de las modificaciones contractuales cristalizadas hace apenas siete años.
