La presentación de los datos económicos condiciona la interpretación de su impacto. Aunque los números son duros y no admiten doble lectura, la jerarquización que se hace de algunos análisis sobre otros tiene una carga subjetiva que no debe soslayarse para lograr una lectura completa de la información.
Un buen ejemplo es la interpretación que el gobierno nacional hace respecto de los salarios y la inflación. Con la información conocida en los últimos días respecto de que los salarios le ganaron a la inflación en mayo –es decir, los ingresos de los asalariados subieron más que el índice general de precios- Caputo y Milei intentan forzar la interpretación de un cambio de tendencia hacia la recuperación de la economía, que ya empieza a verificarse en la recomposición salarial. Lo que omiten decir es que se trata de un fenómeno puntual generado por la convalidación de paritarias atrasadas. Por ejemplo, trabajadores que lograron en mayo un incremento salarial del 10 por ciento pero correspondiente al último trimestre, en el que la inflación fue superior a lo recuperado.
Una recomposición del poder adquisitivo de los salarios no puede corroborarse por los datos de un mes, sino por períodos más amplios, en los que es posible detectar tendencias concretas.
Otra lectura subjetiva, basada en datos objetivos es que, con la recuperación de mayo, lo perdido por el plan económico de ajuste no es tan importante. Pero para fundamentar tal aseveración computan los primeros cinco meses del año, excluyendo intencionalmente diciembre, que fue el mes en el que la caída de los salarios fue más abrupta (13,2%) como consecuencia de la devaluación, la quita de algunos subsidios y la liberación de precios regulados, que llevó la inflación de ese mes por arriba del 25%.
También la perspectiva de análisis incide en la lectura de las transferencias de Nación a provincias. Es preciso, para tener datos que demuestre la gravitación real en las finanzas de los estados subnacionales, observar un panorama amplio y no sesgado de la realidad.
Un informe del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) publicado por El Ancasti en su edición de ayer, consigna que el Gobierno nacional ha disminuido el peso del ajuste en las transferencias a las provincias. Es decir, en términos más coloquiales, aflojó la motosierra, lo que puede inferirse como una noticia positiva. Pero es necesario hacer algunas observaciones. El informe se refiere a las transferencias no automáticas –es decir, las discrecionales-, y no a las automáticas, las que provienen por ejemplo de la coparticipación federal. En este último caso, como la actividad económica sigue cayendo, lo mismo que el consumo, que es fuente muy importante de recaudación impositiva, la recomposición de ingresos provinciales no es aun verificable.
La caída no tan abrupta en junio de las transferencias no automáticas respecto de los primeros meses del año no alcanza a ocultar que los montos transferidos siguen en niveles subterráneos si se lo compara con lo que ocurría en 2023. En el caso de Catamarca, en enero el recorte era del 100%, o sea, no recibió aporte alguno en ese rubro. En junio, el recorte fue del 91%. La “mejora” es insignificante y solo tiene relevancia estadística en la comparación con el dato negativo absoluto del primer mes del año. En la mayoría de las jurisdicciones sucede algo similar.
El segundo semestre no aparece con un pronóstico auspicioso. La caída de la actividad económica no encuentra piso y hay otros datos que son preocupantes: el último informe de la consultora Orlando Ferreres remarca que la inversión real en junio cayó un 27,5%, más aún que el promedio de todo el primer semestre (22,2%).
Si no hay inversión privada y mucho menos pública, considerando la filosofía del gobierno nacional que le otorga nula responsabilidad al Estado en el impulso de la economía, la preocupación de los gobernadores está más que justificada.
