GARANTIZA PAGOS DE SUELDOS Y SERVICIOS ESENCIALES
El Ejecutivo está terminando de pulir el proyecto que será enviado en los próximos días a la Legislatura provincial. Contempla un programa de retiros voluntarios y el teletrabajo.
El Ejecutivo provincial está terminando de pulir lo que será el proyecto de ley de Emergencia Económica que enviará a la Legislatura en los próximos días para ser tratados en sesiones extraordinarias. En este sentido, muchos de los temas que se trataron en la reunión entre el Ministerio de Economía y los representantes de la Legislatura, la Justicia y el Tribunal de Cuentas fueron incluidos en el borrador que aún no tiene el ok definitivo del gobernador Raúl Jalil.
El anteproyecto se destaca la reducción de gastos en alquileres, viáticos, nuevos ingresos a la Administración, entre otras medidas, con el fin de garantizar el normal pago de sueldos y el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado que incluyen los servicios de salud, educación, seguridad y sociales.
El borrador declara la emergencia en todos los organismos del Ejecutivo incluidos los entes centralizados, descentralizados, autárquicos y las empresas estatales por el término de seis meses prorrogables por otro seis. Además, invita a los otros poderes a sumarse.
En lo que hace a gastos de personal, el anteproyecto advierte que no se podrán hacer nuevas designaciones políticas ni contrataciones de personal de ninguna naturaleza, salvo las áreas de Salud, Educación y Seguridad. También se prevé la puesta en marcha de un nuevo régimen de retiro voluntario para los empleados de la Administración y de un programa que contemple el teletrabajo al fin de evitar que los agentes deban concurrir a las oficinas públicas. Además, se busca lograr un ahorro en papel, por lo que todos los organismos de la Administración deberán implementar el Expediente Electrónico y no será válida ningún tipo de actuación administrativa que no sea instrumentada por los módulos mencionados.
En otro apartado, se establece la suspensión (por el plazo que dure la emergencia) de todas las sentencias, acuerdos conciliatorios y laudos arbitrales que condenen al Estado Provincial al pago de sumas de dinero. También se declara inembargable todas las cuentas públicas. Se exceptúa de esta medida, los procesos en materia de salud y de obligaciones alimentarias a favor de menores y personas en estado de vulnerabilidad.
En lo que refiere a bienes de consumo, la emergencia suspende todas contrataciones de servicio de telefonía celular para uso oficial, salvo las áreas consideradas esenciales. También suspende la contratación de nuevos inmuebles con excepción de prórroga o renovación. Se limitan los gastos de publicidad, impresiones y propaganda. También se reducen los gastos en concepto de pasajes, viáticos y toda erogación que se origine en comisión de servicio de carácter oficial, dentro y fuera de la provincia y al exterior.
En lo que refiere a obras, se priorizará aquellas ya iniciadas y con un importante grado de avance. Entre ellas viviendas, escuelas, hospitales y caminos provinciales, como así también las obras complementarias de las que obran en curso.
Establece la prohibición de adquirir nuevos vehículos que no constituyan reemplazo. En el ámbito del Poder Ejecutivo, la compra de vehículos solo queda reservada para los Ministerios de Salud y Seguridad. También se restringe toda contratación que tenga por objeto la adquisición de bienes de capital, salvo excepciones fundadas en estricta necesidad.
El proyecto contempla un apartado para los municipios. Se establece la adecuación de los parámetros de la emergencia a la Ley Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal, por lo que se tomarán sus criterios para priorizar y determinar los aportes por todo concepto que requieran los municipios. En ese marco, se establece que el Ejecutivo deberá acordar con la totalidad de los intendentes, las medidas para reordenar las finanzas municipales y eficientizar los servicios que prestan.
Finalmente, se establece que el Ministerio de Economía, podrá destinar recursos afectados a otros destinos distintos de los aprobados por sus respectivas leyes de afectación, para uso transitorio y con la devolución posterior dentro del año de su otorgamiento. Además, podrá realizar reajustes en los presupuestos de las jurisdicciones hasta alcanzar los porcentajes de reducciones que el Ejecutivo determine en cada área.
Comisión de Seguimiento
El proyecto crea la Comisión de Seguimiento e Implementación de la ley, presidida por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. Estará integrada por representantes de las Cámaras de Senadores y Diputados, Corte de Justicia, Tribunal de Cuentas y un representante de los municipios.
El lunes hubo una primera reunión con los integrantes de la Comisión. Durante el plenario, la ministra de Economía, Alejandra Nazareno, dio detalles sobre la evolución de la recaudación provincial y la caída de la coparticipación.
