Opinión
Después de las elecciones de 2023, el oficialismo en FME decidió castigar a los rebeldes. Una concejala fue obligada a tomar una licencia sin sueldo y en el mismo acto hicieron jurar al suplente. Todo fue ilegal y torpe. Hoy la Justicia debe decidir si hubo o no delito penal.
Dos años atrás, el Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú (FME) obligó a una concejala a tomar una licencia sin goce de haberes en forma absolutamente irregular y en el mismo acto hizo jurar a un concejal suplente. Si bien después le restituyó la banca, la maniobra fue denunciada en la Justicia como un abuso de poder. Un fiscal tiene el tema en sus manos y no lo investiga. En los hechos, fue una clara represalia política de parte del oficialismo departamental que responde al senador Guillermo Ferreyra.
El origen de la pelea se remonta a las elecciones PASO de agosto de 2023. El justicialismo orgánico de FME pretendía que esa instancia fuera un mero trámite, sin internas molestas, para imponer sus candidatos. Pero hubo rebelión en la granja: por la oposición, presentaron una lista el exintendente y exsenador Oscar Vera, en alianza con la exdiputada Verónica Mercado. El triunfo fue para el sector de Ferreyra, que se quedó con la senaduría y logró ubicar a Alejandra Benavidez -exfuncionaria de su gestión- como sucesora en la intendencia.
La concejala peronista Belkys Vera Sarmiento, como era lógico, trabajó en esos comicios para la lista del “Profe” Vera, su padre. En la distribución de cargos, el sector consiguió una banca de concejal para Néstor Nóblega. Pero lo cierto es que las heridas quedaron abiertas en el peronismo esquiudense.
Paralelamente, el 27 de noviembre de ese año, el Tribunal de Cuentas de la Provincia (TC) cerró un sumario de responsabilidad y de su gestión como directora de Administración del Ministerio de Educación por la falta de rendición de fondos destinados a la educación técnica en 2017.
Concejala Belkys Vera Sarmiento. El Tribunal de Cuentas la condenó y luego se rectificó.
La exfuncionaria hizo un descargo en el organismo y demostró que solo estuvo 6 meses al frente de esa área en la cartera educativa y que, por lo tanto, no le correspondía responder por la totalidad de esos fondos. El Tribunal revisó la documentación y en octubre de 2024 determinó que, en efecto, ella solo podía dar cuenta del periodo en que estuvo a cargo. Así, dio marcha atrás con la condena y abrió otro sumario para determinar la responsabilidad en la administración de esos fondos.
“Que la revisión del pronunciamiento que condena a la recurrente por el monto total de los egresos de periodo no vulneraría el principio de seguridad jurídica, si se tiene en cuenta que lo que se procura es corregir un acto que podría causar un perjuicio injusto al no haberse considerado un hecho traído a conocimiento de este Tribunal con posterioridad al fallo”, señaló el órgano de contralor en la acordada exculpatoria.
En conclusión, Vera Sarmiento quedó eximida de responsabilidad por la rendición de los fondos educativos de 7 años atrás. Sí, esos son los tiempos que maneja el Tribunal de Cuentas provincial.
Licencia compulsiva
Un año antes, la concejala Vera vivió un atropello que nunca olvidará. A pesar de que la “condena” del TC no estaba firme, en el Concejo Deliberante de FME ya le habían preparado una despedida forzosa: en la sesión del 30 de noviembre de 2023, el edil Francisco Acosta pidió que se traten sobre tablas unas notas supuestamente ingresadas por “vecinos de la localidad” y exhortó a Vera a solicitar licencia voluntaria hasta tanto se aclare su situación con el Tribunal de Cuentas.
Como ella lógicamente se negó, el asunto se puso a consideración del cuerpo. Los concejales F. Acosta, Patricia Arréguez (expresidenta del cuerpo) y Ramón “Roly” Guerrero, todos del sector de “Guillo” Ferreyra, votaron a favor de otorgar una “licencia obligatoria sin goce de haberes” a Vera Sarmiento.
En contra de esa postura hubo votos. Por la negativa, además de Vera, se expresó Susana Acosta (“Unidos por FME”), mientras que Verónica Segura (“Juntos por el Cambio”) se abstuvo. Las dos últimas concluyeron sus mandatos al mes siguiente.
Patricia Arreguez y Francisco «Chulo» Acosta.
Acto seguido, la sin derecho a defensa y en su lugar se le tomó juramento a Santiago Figueroa, un militante de su sector, a quien en el apuro no le verificaron si cumplía con los requisitos de ley para ser concejal.
Para ella, se trató de una “sanción encubierta”, por cuanto la licencia compulsiva sin sueldo no existe en el ordenamiento interno del Concejo. A partir de allí comenzó su pelea en la Justicia provincial.
A la Justicia
Vera hizo dos presentaciones en la Justicia. Por un lado, en la Corte planteó un posible conflicto de poderes en el Concejo Deliberante ante el accionar “ilegítimo, ilegal y antijurídico” de la presidenta del cuerpo -por entonces Arréguez-, y solicitó que le paguen los haberes adeudados desde noviembre de 2023. Por el otro, denunció a Arréguez, Guerrero y F. Acosta en la Justicia penal por “abuso de autoridad”.
Sin embargo, en momentos en que el máximo tribunal analizaba la presentación, el Concejo decidió dar por concluida la licencia obligatoria de Vera y le restituyó la banca. Eso ocurrió el 21 de mayo de 2024, es decir, cinco meses después. Curiosamente, todavía el Tribunal de Cuentas no había rectificado su condena de la exfuncionaria de Educación. Es decir, todo seguía igual que en aquella controvertida sesión de 2023.
Guillermo Ferreyra junto a «Roly» Guerrero, en la campaña electoral de 2023 en Fray Mamerto Esquiú.¿Qué sucedió con el concejal que había asumido en su lugar, Figueroa? Pasó a cumplir funciones administrativas en la presidencia del CD, ahora a cargo de Valeria Sobrado, una dirigente de confianza de Ferreyra.
Ante la restitución de la banca, la Corte de Justicia resolvió declarar “abstracta” la causa “por haber operado la sustracción de la materia justiciable”. O sea, no había motivos para analizar un posible conflicto de poderes.
No obstante, en su voto el juez Miguel Figueroa Vicario hizo severos reparos al procedimiento del Concejo respecto a su falta de legalidad y constitucionalidad.
A criterio del juez, el “otorgamiento de una licencia obligatoria no solicitada como tampoco prevista en el ordenamiento legal de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú (Carta Orgánica) como en el Reglamento Interno del Concejo Deliberante del municipio, determina que el procedimiento utilizado es ilegal y arbitrario, que conlleva una sanción encubierta que no se puede tolerar”.
Miguel Figueroa Vicario, juez de la Corte de Justicia. Hizo un severo reparo al procedimiento en FME.
Por otra parte, “si observamos que la votación de la licencia obligatoria fue aprobada por tres concejales, dos negativos y una abstención, no tenía quórum para aplicar sanción alguna”. Consideró que el voto de la presidenta Arréguez fue “irregular”.
Además, “debió iniciarse un proceso que garantice los postulados de la Constitución -defensa, ofrecimiento prueba, etc.- como lo indica el artículo 90 de la Carta Orgánica Municipal, o el juicio político, en los términos del artículo 137 del Reglamento Interno del Concejo”.
Figueroa Vicario se expidió de esa forma, dijo, a efectos de evitar situaciones posteriores similares a esta “irregular tramitación” del Concejo de FME para excluir a un miembro con una figura inexistente y sin respetar el quórum legal. Todo ello, a su modo de ver, reviste “trascendencia institucional”.
Investigación pendiente
Por otra parte, Vera Sarmiento aguarda que la Justicia penal investigue la denuncia realizada contra Francisco Acosta, Arréguez y “Roly” Guerrero por “abuso de autoridad”. La presentación tuvo un recorrido cambiante.
Primero, el fiscal de Instrucción N°6, Facundo Barros Jorrat, consideró que lo ocurrido en el CD esquiudense se inscribe en un conflicto administrativo y político interno, y por lo tanto no constituye un delito penal. En consecuencia, solicitó que la causa sea desestimada y enviada a archivo.
Facundo Barros Jorrat, fiscal de Instrucción. Pidió desestimar y archivar el escándalo en FME.
Pero el juez de Control de Garantías Marcelo Sago rechazó el “apresurado” pedido del fiscal y ordenó que la investigación siga adelante por cuanto, a su criterio, restan “incorporar elementos de mayor fuste para descartar toda posible hipótesis delictiva”.
Sus principales consideraciones fueron las siguientes:- “La posible utilización del aparato institucional para afectar de manera sistemática la posición de una funcionaria electa por el voto popular refuerza la necesidad de continuar la instrucción para descartar cualquier maniobra que pudiera haber excedido los límites legales”.- “La presidenta del Concejo Deliberante, junto con los concejales que impulsaron la licencia obligatoria, ostentan un cargo público que les exige ajustarse estrictamente a la normativa vigente y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de sus pares, sin exceder las facultades conferidas por la ley”.- “Si bien los conflictos dentro de los órganos legislativos pueden ser comunes en la dinámica institucional, no pueden ser resueltos mediante el ejercicio discrecional del poder, especialmente cuando las decisiones adoptadas impactan directamente en el derecho de un funcionario electo a desempeñar su cargo”.- “Considero que la Instrucción debe continuar para determinar si quienes tenían la responsabilidad de actuar conforme a la ley incurrieron en una extralimitación de sus facultades que podría encuadrarse dentro del tipo penal de abuso de autoridad u otra figura penal”.
Marcelo Sago, juez de Control de Garantías.
Luego de eso, las actuaciones terminaron en manos del fiscal de Instrucción N°4, Ricardo Córdoba Andreatta, en mayo de 2025. Desde entonces, el abogado de la concejala, Roberto Mazzucco, hizo dos pedidos de pronto despacho. Hasta la fecha no tuvieron respuesta. Se podría decir que todo está como en noviembre de 2023.En otros términos, mientras la arbitrariedad legal del Concejo Deliberante de FME permanezca sin sanción, la mala política tendrá vía libre para seguir adelante con el atropello en cualquier otro ámbito legislativo. Podrá pasar por encima de la ley y de las personas sin temor al castigo. El perfecto reino de la impunidad.
Fuente: Inforama
