Los hermanos Natalia y Fernando Rojas insistieron en la hipótesis de que a su padre, Juan Carlos Rojas, lo mataron para evitar que destapara matufias que se cocinaban en el Ministerio de Desarrollo Social y apuntaron sobre el actual titular de la cartera, Gonzalo Mascheroni.
Ningún elemento habilita para seleccionar esta teoría, salvo el hecho de que la investigación del crimen lleva dos años sin resultados. Para los Rojas, tal esterilidad solo puede obedecer a un encubrimiento deliberado que, a su vez, solamente el poder político estaría en condiciones de montar. Pero el dolor por la pérdida y el derecho que tienen a exigir respuestas de la Justicia no son pruebas suficientes de la conjura, menos aún si se recuerda que la muerte de Juan Carlos Rojas comenzó a investigarse como homicidio debido a que el sindicalista Luis Barrionuevo lo denunció como tal en pleno sepelio.
El cadáver de Rojas fue encontrado en su casa el 4 de diciembre de 2022, pero hay otra fecha en la que se expuso una trama de intereses detrás de la impunidad mucho más mezquina que las presuntas corruptelas que supuestamente Rojas se aprestaba a denunciar.
El 2 de junio del año pasado, el tribunal del Jury evitó en un fallo dividido e inesperado la destitución del fiscal original de la causa, Laureano Palacios.
El escándalo por la inesperada absolución operó como una neblina sobre lo que expuso, o verificó, el proceso: un fiscal incapaz de hacerse con las riendas de una investigación de alto impacto social, institucional y político, a quien los auxiliares judiciales y policiales le habían retaceado elementos para orientarse o contribuido activamente a despistarlo.
La investigación judicial no ha podido esclarecer el crimen, pero tampoco deslindó responsabilidades sobre el accidentado inicio de la instrucción ni tirado, que se sepa, de alguno de los cabos que ofreció aquel controvertido juicio político.
Palacios fue salvado por una mayoría que compusieron la diputada Cecilia Guerrero y el senador Oscar Vera con los dos representantes del Colegio de Abogados Silvia Cabrera y Pablo Nicolini. Por la destitución se pronunciaron la presidenta de la Corte, María Fernanda Rosales Andreotti, y la diputada Juana Fernández, en línea con el pedido del fiscal Miguel Mauvecín.
La composición del voto es reveladora: los integrantes políticos oficialistas del Jury consiguieron la anuencia del Colegio de Abogados para neutralizar el voto judicial de Rosales. Fue llamativo que tanto Guerrero como Vera adujeran que se habían pronunciado conforme a sus convicciones personales, mientras el oficialismo en masa salía a despegar del veredicto. Como también el Colegio de Abogados desautorizó a Cabrera y Nicolini, resultó ser que Palacios había sido absuelto por una patrulla perdida de cuatro renegados de sus respectivas referencias institucionales.
No obstante, el Jury ofreció pistas sobre las que el Poder Judicial no se ha expedido. En su defensa, alegó que las fallas de la instrucción no fueron suyas, sino del Cuerpo Interdisciplinario Forense y los peritos policiales, que lo habían confundido primero con la idea de la “muerte natural” y luego le dieron una autopsia imprecisa, que no le permitía establecer si estaba ante una muerte por causas naturales, un accidente o un asesinato.
En el proceso saltaron deficiencias del sistema como el despropósito de que la forense Daniela Miranda Zar, a cargo de la primera autopsia, se le desacatara al director del CIF, Sebastián Vega, y no lo convocara al examen, como le había pedido expresamente. Fue Vega quien, cerca de la medianoche del día que encontraron el cuerpo de Rojas, iluminó a Palacios y le dijo que tenía que vérselas con un crimen, dato que no estimuló al fiscal para recuperar de inmediato el cuerpo que había entregado para el sepelio.
Las disfuncionalidades del sistema, que están en la génesis de la impunidad, nunca fueron abordadas ni explicadas razonablemente por el fiscal Hugo Costilla, que quedó a cargo de la investigación y tramitó incluso indagaciones en los Estados Unidos.
La defección judicial es difícil de discutir: el Jury amparó a Palacios pero marcó a sus auxiliares
Cuando la Justicia se ausenta, decía Maquiavelo, prosperan tanto la impunidad como la calumnia.
