EN DIPUTADOS
Según anticiparon desde el Poder Judicial, la iniciativa apunta a que se le asigne una porción de la torta del presupuesto general provincial. En la Cámara Baja recordaron que lo habían prometido hace ya un año.
La notable tensión entre el Ejecutivo y la Corte de Justicia por la negativa de la cabeza del Poder judicial catamarqueño a recortar su presupuesto para el año que viene se trasladó a Diputados. Ayer, la Comisión de Hacienda que preside María Argerich recibió a cinco de los seis ministros del máximo tribunal, quienes les ratificaron a los legisladores su presupuesto. Allí, los cortesanos se comprometieron a enviar un proyecto de “autarquía financiera”, una iniciativa que, según explicaron desde la Justicia, apunta a que se defina un porcentual para este poder del Estado dentro del presupuesto general de la Provincia.
En este sentido, desde el oficialismo recordaron que ya el año pasado la Justicia se había comprometido a presentar el proyecto. A la vez, tuvieron una observación: el concepto de autarquía financiera implicaría que el Poder judicial se abastezca con recursos propios, situación que dista de la realidad y que sería inaplicable hasta que no se conozca la letra fina de la iniciativa. Al margen de eso, ahora la definición de los recursos de la Justicia para el 2024 queda en manos de la Cámara Baja.
A la Comisión de Hacienda asistieron ayer la presidenta de la Corte, Fernanda Rosales, las ministras Fabiana Gómez y Verónica Saldaño y los magistrados Hernán Martel y Miguel Figueroa Vicario. Para la oportunidad también estuvo presente el secretario Contable del Poder judicial, Pablo Rachid. De acuerdo con lo que comentaron fuentes cercanas al máximo tribunal, las y los magistrados les plantearon a los Diputados las necesidades del presupuesto, cuya réplica de parte de los legisladores fue la observación en “el exceso de la pauta”.
En esta línea, la corte insistió en que para ellos el cálculo presupuestario no solo contempla lo salarial, sino también los incrementos producto de la inflación, los aumentos en alquileres e insumos, entre otros puntos. También reiteraron lo manifestado públicamente por la presidenta de la corte, esto es, que otra debe ser la fórmula para el cálculo de incremento presupuestario.
Precisamente este es uno de los puntos que distancian los posicionamientos. Es que para el Ejecutivo la metodología del cálculo es la correcta y que, junto a la Ley de Responsabilidad Fiscal, hace propicio que la Justicia recorte su presupuesto. A su vez, las fuentes consultadas comentaron que la Justicia propuso presentar un proyecto de ley que ingresaría durante la semana entrante y donde se propone la “autarquía” del Poder judicial. Según explicaron, el objetivo es que se le asigne un porcentaje dentro del presupuesto general de la Provincia y que, “en base a eso, el Poder judicial se maneje independiente y autónomamente”.
En tanto, algunos legisladores que participaron del encuentro, comentaron en off que “fue un escándalo” los niveles de discusión entre el propio oficialismo y la corte. Según señalaron, las y los jueces plantearon que a la Justicia se le recorta el presupuesto, pero desde el Ejecutivo “no llevan respuestas a la sociedad” e incluso se refirieron a “la mala liquidación -de haberes- que hay a los empleados públicos”. Por otra parte, la ministra de Economía, Alejandra Nazareno, fue clara sobre el tema durante la reunión que mantuvo con la comisión durante la mañana de ayer.
Primero recordó que “el único poder del Estado que no readecuó” sus proyecciones fue el judicial, esgrimiendo que “ellos cumplían con la Ley de Responsabilidad Fiscal”. La titular de la cartera económica señaló que “ellos contemplan cuatro incrementos del 15 por ciento, más un incremento de 10%, o sea, un 70% de incremento en gasto”. Con ello, explicó que “el problema es que la ley cuando habla de incremento es en el total, que tiene que ser un 70 por ciento, pero ellos al hacerlo de manera acumulativa les da mucho más de 90 por ciento, entonces ahí está la diferencia”.
Nazareno incluso observó que “la mayor parte de las diferencias se dan en los recursos destinados en concepto de gasto en personal, que son casi $21 mil millones más dentro de ese concepto y, si se considera el presupuesto total, serían $23 mil millones”.
