El asesinato del ministro Juan Carlos Rojas abrió dos procesos. Uno es el judicial, para esclarecer el crimen, que a punto de cumplir tres meses exhibe resultados nulos. El otro es de carácter político: el jury contra el fiscal Laureano Palacios, bajo cuya conducción las pesquisas se empiojaron en el momento clave del inicio.
Palacios es el nervio más visible de las fallas de un sistema que entregó el cadáver de Rojas a los deudos cuando aún las causas de su muerte no habían sido establecidas. Su descargo ante el tribunal Jury dice precisamente eso, por lo que, de avanzar el procedimiento, el rol cumplido por los peritos de Homicidios y el Cuerpo Interdisciplinario Forense ocupará un espacio importante en la agenda del debate.
Que el fiscal busque comprometer a todo el sistema judicial para diluir sus responsabilidades personales no implica que sus argumentos sean falaces. Es ciertamente extraño que ninguno de los expertos que participaron de las tareas que serían la base de la investigación advirtiera que convenía demorar la entrega del cuerpo hasta tener un panorama más claro sobre los motivos del deceso y, que se dejara correr la versión de la muerte por causas naturales sin aclarar que se trataba de una presunción provisoria.
Detonado el escándalo por Luis Barrionuevo, Palacios se vio obligado a recuperar el cadáver para practicarle una nueva autopsia porque, según se justificó, el informe de la primera no era concluyente.
¿Cómo habrá sido esa primera autopsia? La brutalidad de los golpes era, se supo después, ostensible y esto no solo parece habérsele escapado a Palacios sino a todos los que estuvieron en la escena del crimen y participaron de las pericias. Hay culpas de Palacios, que después se agravaron con la orden de detención irregular de una mujer a la que tuvo presa una semana, pero también de los que intervinieron en los peritajes.
Si con semejante grado de desaprensión se actuó con un ministro, qué esperar para víctimas exentas de jinetas. Vaya a saberse si habrá casos cerrados como muertes naturales en base a autopsias poco concluyentes.
Palacios no emitió ni una queja cuando fue despojado del expediente. Lo reemplazó su colega Hugo Costilla, que lo secundó cuando el caso se salió de madre y no ha podido hasta ahora obtener pistas firmes.
Como no aparecen elementos que involucren a Silvina Nieva, única sospechosa, las indagaciones volvieron a concentrarse en los últimos días en el entorno familiar del malogrado “Rojitas”, a ver si se detectan inconsistencias entre las nuevas declaraciones y los testimonios ya vertidos en la causa.
Mientras tanto, permanece inexplorada una hipótesis: si el homicidio tuvo que ver con las funciones que Rojas cumplía como ministro. Comandaba nada menos que Desarrollo Social, cartera que mueve miles de millones de pesos al año en la adquisición de insumos para asistencialismo.
El móvil del asesinato es un misterio. ¿No convendría profundizar en otras alternativas en lugar de seguir insistiendo con sacar aceite de piedras sobre las que se machaca desde hace tres meses? Al menos para desecharlas.
Más allá de que una elemental cuestión de humanidad demande su esclarecimiento, el caso es gravísimo desde el punto de vista institucional.
De ningún modo parece razonable descartar sin una investigación profunda que Rojas haya sido asesinado por motivos relacionados con su gestión.
Que el fiscal Palacios debe dar explicaciones por su deficiente desempeño está claro, pero el jury no debería ser instrumento para que todo un sistema pretenda exonerarse y justificar el fracaso de la investigación en su impericia particular.
Es preciso agotar todas las hipótesis, incluida la funcional. Capaz que a Rojas lo mataron por decisiones que tomó como ministro.
Fuente: El Ancasti
