OPINIÓN
La flamante red de intendentes del interior se presentará el 4 de junio en el Congreso para manifestar su rechazo a una disposición nacional estrechamente ligada a los motivos de su conformación: el aumento de las partidas para subsidiar el transporte en el Área Metropolitana.
Se trata de un privilegio palmario concedido por la administración de Javier Milei en detrimento del interior del país, que entre las variadas podas a sus recursos sufrió en enero pasado la eliminación del fondo compensador que se financiaba con el impuesto al combustible.
La red de intendentes del interior, de la que forma parte el capitalino catamarqueño Gustavo Saadi, se armó con el mismo objetivo que alienta las ligas de gobernadores: contrapesar políticamente la aplastante gravitación demográfica del AMBA, cuyos intendentes controlan la Federación Argentina de Municipios (FAM).
También pretende ganar autonomía respecto de los gobernadores en los temas específicamente municipales, que muchas veces quedan desplazados o son postergados por los provinciales en la agenda de negociaciones con la Nación. La inconveniencia de este descalce es mayor frente a una gestión como la que encabeza Javier Milei, cuya indiferencia hacia lo que sus políticas provocan más allá del AMBA es directamente proporcional con la atención que el Presidente dedica a sus incursiones de promoción personal en el orden internacional.
La nota en la que anuncian la movida al Congreso lleva la firma de 23 jefes comunales, Saadi incluido. Es un volumen importante. San Fernando del Valle se inserta en un grupo que integran además Paraná, Mendoza, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Viedma, Neuquén, Jujuy, Cipolletti, Posadas, Río Grande, Rawson, Santa Rosa La Pampa, Comodoro Rivadavia, Formosa, Corrientes, La Rioja, Resistencia, Santiago del Estero, Río Gallegos, Mar del Plata y Concordia.
El reclamo puntual consigna que, mientras se anularon las partidas del Fondo Compensador, la Secretaría de Transporte liberó para evitar que se incremente el precio del boleto en el AMBA $148.745.709.159 para mayo y $160.777.188.169 para junio: 309.522.897.328 en total, destinados a las empresas de colectivos metropolitanas, para cortar la escalada de la disputa salarial que mantenían en esa región con la Unión Tranviarios Automotor.
En Corrientes, mientras tanto, se extiende el conflicto iniciado por la protesta policial y comienzan a aparecer alarmantes embriones de situaciones similares en el resto del país.
En Catamarca, para no ir tan lejos, el cierre de la fábrica TextilCom dejó en la calle a 124 personas que mantienen tomada la planta y exigen respuestas al Gobierno. ¿Por qué para el AMBA sí y para el resto no? A la Nación solo parece preocuparle la geografía inmediatamente lindera a la Casa Rosada y Olivos.
“Es evidente que la eliminación de los subsidios nacionales en el interior del país ha exacerbado las condiciones preexistentes, afectando gravemente a todas sus localidades. Esta medida ha generado una notable incertidumbre y preocupación, tanto en el ámbito empresarial como en los gobiernos municipales y provinciales. La ausencia de estos subsidios ha impulsado la necesidad urgente de implementar soluciones que permitan el sostenimiento del transporte público, mediante aportes extraordinarios municipales y provinciales además de los aumentos de la tarifa, la cual en el interior triplica los valores del AMBA”, consignan.
Como si la eliminación total de los subsidios fuera poco, “está el hecho del aumento de la comisión que la Nación detrae a las jurisdicciones en concepto de utilización del servicio SUBE, un incremento del 4% al 7%, sin haber registrado las devoluciones previstas”.
