La Cámara del Trabajo sacó la cautelar que suspende las disposiciones laborales del mega DNU pocas horas después de la reunión que Javier Milei mantuvo con sus tropas parlamentarias para evaluar la marcha de las tratativas en el Congreso tendientes obtener la sanción de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, un mamotreto de 351 páginas y 664 artículos que la otorgaría al Poder Ejecutivo prerrogativas plenipotenciarias también conocido como “ley ómnibus”.
La sentencia del fuero laboral será apelada. Para el Gobierno, el fuero que debe intervenir es el contencioso administrativo. Lo más probable es que la refriega judicial escale hasta la Corte Suprema.
Las alternativas recursivas de la cuerda leguleya podrían sin embargo quedar sin materia. Depende de la velocidad con que se mueva el frente legislativo, que parece mucho más complejo.
Hiperfragmentado, con una Cámara de Diputados dividida en 15 bloques y un Senado de 10, se configura allí hasta el momento un empate institucional.
Los libertarios no pueden reunir las mayorías necesarias para sacar la “ley ómnibus”, que incorpora en su último artículo la aprobación del megadecreto, pero ningún grupo está en condiciones de rechazarla. La vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara baja Martín Menem están a cargo de romper la paridad, muy acotados por la intransigencia de un presidente proclive a descalificar a potenciales aliados y refractario a cualquier concesión.
La reticencia de los legisladores a subordinarse a su programa, consideró Milei en un reportaje concedido a Luis Majul, obedece en muchos casos a que “buscan la coima”. Un seductor.
Aparte del fallo de la Cámara del Trabajo, surgieron en las últimas horas otros indicios que marcan las deficiencias políticas del oficialismo, hijas tal vez de una excesiva confianza en las fuerzas del cielo.
Los gobernadores del Patagonia unificaron criterios con empresas y sindicalistas en el rechazo a las reformas que la Casa Rosada pretende imponer en el régimen pesquero.
«Más que desregular, no fomenta la industria y la posibilidad de agregarle valor. La pone en jaque. Y nos preocupan las formas, de manera inconsulta y llevándose puesto el Consejo Federal Pesquero. Sorprende la torpeza con la que se avanzó sin haber consultado al empresariado, que genera muchísimos dólares para la Argentina. Hay miles de puestos de trabajo que están en riesgo con esta medida», dijo el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que proviene del PRO.
Por cuerda aparte, en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado fracasó el intento de emitir dictamen sobre la ley de boleta única, que tiene media sanción de Diputados y Villarruel quería tratar en la sesión del miércoles 11.
Empieza a hacerse palmario un grado de improvisación que podría precipitar un naufragio por mala praxis.
Una muestra de esto es que se haya incluido a YMAD entre las empresas sujetas a privatización, cuando sus propietarios son la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán. El Estado nacional no tiene participación accionaria y por consiguiente no puede disponer de ella.
¿Nadie lo advirtió al redactar la ley ómnibus? ¿Cuántos errores por el estilo habrá en el formato legislativo del programa libertario?
Por las dudas, el gobernador Raúl Jalil y el rector de la UTN, Sergio Pagani, creyeron necesario reforzar las aclaraciones que se hicieron oportunamente sobre las características de YMAD por medio de una nota dirigida formalmente a Milei.
