CASO DIEGO PACHAO
Ricardo Varela fue sentenciado en 2022 a cuatro años de prisión, ocho años de inhabilitación y quedó detenido con prisión preventiva. En diciembre se apeló la medida. La querella criticó duramente los fallos.
La Corte de Justicia de Catamarca ordenó liberar a uno de los cuatro policías condenados el año pasado por la muerte de Diego Pachao, ocurrida en el año 2012 y, la medida fue duramente cuestionada por la familia de Pachao y por la querella.
Se trata de Ricardo Javier Varela, condenado a cuatro años de prisión como «coautor penalmente responsable de los delitos de vejaciones agravadas e incumplimiento de los deberes de funcionario público e inhabilitación especial de ocho años para desempeñarse en cargos públicos».
Por cuatro votos a favor y tres en contra, la Corte hizo lugar al recurso de control jurisdiccional presentado por los defensores Luciano Rojas y Jorge de la Fuente en diciembre de 2022. En diálogo con El Ancasti, De la Fuente explicó que entre otros argumentos presentados al momento de solicitar la libertad, sostuvieron que la detención de Varela tras el juicio fue una medida «infundada y arbitraria emitida por la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación, porque siempre estuvo a disposición de la Justicia y concurrió a las 22 audiencias de debate». Indicó que la Cámara hizo lugar al pedido de prisión de la Fiscalía y sumó como fundamento la situación de disponibilidad como peligro procesal.
«La Cámara argumentó que el pase a disponibilidad y la reducción del 50% de los funcionarios policiales tenía que ver con una especie de probabilidad de fuga, al verse disminuidos los ingresos. Si fuese por eso, cada persona indigente debería permanecer cautelada toda la vida», remarcó De la Fuente.
Rechazo de la querella
«La primera sensación que produce este fallo es que todo es producto de una sentencia muy leve con los policías torturadores, porque acá no se tuvo en cuenta que los jueces no consideraron el abandono de persona seguido de muerte, agravado por el concurso de funcionario público en contexto de hechos producidos dentro de la comisaria Séptima que terminaron con la vida de Pachao», manifestó Humberto Galíndez, abogado querellante, representante de la familia Pachao. «Tengo una sensación de profunda amargura con la Justicia porque hay casos públicos como el de Báez Sosa donde también hubo condena social, como sucedió en el caso Pachao, que si no hubiese sido por la presión de la familia y la sociedad esto no hubiera ido a juicio y a una condena. Los jueces atemperaron la cuestión y la condena fue leve para todos los policías», indicó.
«Me da mucha tristeza. Por eso estamos luchando por una ‘Ley Pachao’, para que de una vez por todas se terminen los maltratos a los menores y la privación ilegítima de la libertad», remarcó y agregó: «La Justicia de Catamarca es demasiado poderosa con los débiles y demasiado débil con los poderosos. Es la Justicia peor calificada del país. En los índices de evaluación de efectivización de medidas judiciales, Catamarca figura en el último lugar». Y remarcó: «Espero que la reforma judicial de la que habla el Gobierno Provincial y la Corte de Justicia sean para ser un poco más severos en este tipo de cuestiones, para terminar con esto de una vez por todas, porque los maltratos en las comisarías continúan».
La causa
La Cámara de Sentencia condenó a los cuatro policías por las torturas y vejaciones y ordenó detener a los expolicías de la comisaría Séptima, Gustavo Eduardo Bulacios, Ricardo Barrera y a Varela, quienes habían llegado en libertad al juicio. Bulacios fue condenado a 16 años de prisión por «privación ilegítima de la libertad» y «torturas». Varela, sentenciado a cuatro años de prisión por «vejaciones agravadas». Barrera fue condenado a ocho años de prisión por «torturas, con inhabilitación especial».
