LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA, AL CRUCE
Fernanda Rosales cuestionó al Colegio por pretender limitar el derecho a la expresión y a la opinión de la Corte. Pidió que se pronuncien por la afectación a la independencia de la Justicia.
La presidenta de la Corte de Justicia, Fernanda Rosales salió al cruce del Colegio de Abogados y Abogados y anheló que se pronuncien frente a situaciones que son de interés y afectan «gravemente» la independencia del Poder Judicial. Confirmó que a la Corte le faltan $ 1.000 millones de pesos para hacer frente al pago de aguinaldo a los trabajadores del Poder Judicial. Afirmó que el servicio de Justicia se verá afectado por la poda del 30% en el presupuesto del Poder Judicial.
Como se informó, el Colegio que preside Exequiel Moreno presentó un escrito por el que intimó a la Corte a que solicite una conciliación obligatoria en su condición de patronal de los empleados judiciales.
Rosales, en declaraciones al programa «Mañana es Hoy» de Radio Ancasti, recordó su pasado como expresidenta de la institución y se mostró agraviada por el tenor del comunicado.
«Me parece muy bien que el Colegio de Abogados se pronuncie sobre las cuestiones que afectan a los abogados. Lo que sí me sorprende es que no se pronuncien en relación con la afectación o no a la independencia judicial que han significado los hechos que han ocurrido estos meses; que no se pronuncien por la puesta en vigencia de los fueros de violencia de género, que no se pronuncien por la existencia de un fiscal y un juez de garantía únicos en las circunscripciones del interior con turno permanente; que no se pronuncien por qué razón consideran el presupuesto del Poder Judicial estaba mal y debía ser recortado, por qué razón los trabajadores y trabajadoras deben recibir una recomposición salarial que tenga como base el mes de enero y no que se actualice mes a mes por la inflación.
Me gustaría que el Colegio de Abogados se pronuncie en las cuestiones que son de interés y que afectan institucionalmente y gravemente a la provincia», sentenció.
En ese marco, Rosales comentó que no hay respuesta a las notas que se enviaron al Poder Ejecutivo y aseguró que a la Corte le falta $ 1.000 millones para hacer frente al aguinaldo de los trabajadores. «La única respuesta es que nos van a girar una determinada cantidad de dinero que no va a alcanzar», afirmó.
Con respecto al pedido de una conciliación obligatoria, Rosales consideró que no corresponde porque la Corte no tiene un conflicto con los empleados.
«Como Corte no tenemos un conflicto con los trabajadores. El conflicto está en que el Poder Judicial no tiene fondos para el aguinaldo y el Poder Ejecutivo no está dispuesto a hacer frente y a otorgarnos esos fondos. Para mí es una afectación a la independencia de los poderes», definió.
En este marco descartó la posibilidad que el Poder Judicial pueda tomar un crédito. «Faltan $ 1000 millones para el pago de aguinaldo, pero también para el funcionamiento. No solo es el tema salarial, sino el funcionamiento», indicó.
Rosales recordó que el año pasado hubo una poda al presupuesto del Poder Judicial y se estimó una pauta inflacionaria del 60%. «Tenemos 50 alquileres, cada uno de ellos se renueva, los locadores piden aumento en base a la inflación, lo mismo sucede con los servicios, insumo, computadoras», expresó.
Además, Rosales manifestó que no es de aplicación el artículo 202 de la Constitución para este caso particular. Los abogados habían planteado que los miembros de la Corte habrían incurrido en alguna ilegalidad al agitar el reclamo por el Presupuesto.
«Que personas de derecho digan que no podemos hablar, que no podemos sostener ideas, defender al Poder Judicial, la verdad que me preocupa un poco más, porque qué hacemos con la libertad de expresión, con la división de poderes. Nadie podría pensar que nos está prohibido opinar, defender el Poder Judicial.
Lo que dice la Constitución provincial es que no se puede hacer reclamos, proclamas de tipo partidario y los reclamos que hacemos no tienen que ver con lo partidario, están explicitados desde el inicio. El año pasado era el mismo reclamo, no sucedía lo de hoy, con el cambio de gobierno y lo mismo se recortó el presupuesto del Poder judicial.
Somos un estado de derecho, un estado democrático, en el que las personas tienen voz y las personas deben defenderse en contra de las arbitrariedades», afirmó.
Respuesta
Además, Rosales sostuvo que las medidas de fuerza no son decididas por la Corte y los magistrados, sino por los gremios de los trabajadores judiciales.
“Con respecto a la nota del Colegio de Abogados que fue difundida por los medios, lo primero que me gustaría explicar es que todos los días de esta semana los jueces y sus secretarios han estado trabajando en sus despachos. Las medidas de fuerza son decididas por los gremios, no son decididas por la Corte”.
Luego añadió que a través de las acordadas lo que buscaron “es organizar o darle un orden” para que “procesalmente no haya suspensión de plazos ni ninguna cuestión que entorpezca la respuesta a los justiciables”.
Recordó que “todos los días desde las siete hasta las diez de la mañana los abogados pueden hacer sus presentaciones tranquilamente, antes del paro, además de la opción de la utilización de los portales de los juzgados en aquellos casos que lograron el avance de la digitalización».
“Es decir que no hay una falta de atención de la Justicia”, sentenció.
