Editorial
El presidente Javier Milei argumentó que el aumento a los jubilados, que implica la modificación de la ley de movilidad jubilatoria aprobada la semana pasada por el Senado de la Nación, le iba a costar al Tesoro nacional 370.000 millones de dólares. Como es habitual en él, no dio detalles de cómo se obtiene la cifra que lanzó, que es realmente un monto formidable, más de la mitad del PBI de la Argentina.
En rigor, el monto equivalente al aumento es muchísimo más exiguo: un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el costo fiscal de la medida es, para este año, del orden de los US$2.500 millones y los US$4.300 millones. De acuerdo con ese trabajo, el impacto fiscal adicional para 2024 de la nueva fórmula sería de 0,44% del PBI, suponiendo que el Gobierno continúa otorgando bonos de $70.000 hasta fin de año y que eso luego se reemplaza por el suplemento alimentario que se prevé en el artículo 4°.
Más allá de la polémica por los números, lo cierto es que el aumento, por ahora vigente, es apenas del 8% de los haberes de jubilados y pensionados, y está muy lejos de alcanzar lo que perdieron en el último año.
El deterioro de los ingresos del sector pasivo viene desde hace años, y continuó durante la actual gestión gubernamental. Según estimaciones de la Defensoría de la Tercera Edad, más de cinco millones de jubilados y pensionados están bajo la línea de pobreza. La difícil situación económica que atraviesan obliga a que muchos de ellos recurran a la ayuda de sus hijos u otros familiares. Pero esta estrategia de supervivencia también tiene sus límites, porque la pobreza supera ya al 50% de la población en general.
La Defensoría de la Tercera Edad calcula que la canasta básica de un jubilado rondaría los $800.000 mensuales, mientras que la jubilación mínima en agosto de 2024 fue de $225.497,54. Existe una distancia sideral entre los ingresos y el monto de los gastos que demanda llevar una vida digna.
La situación más difícil la viven las 500.000 personas que cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima. Además, otro millón cobra pensiones no contributivas, con montos de apenas $220.000 mensuales.
La canasta básica de jubilados y pensionados tiene, por la edad de las personas que integran el sector, un importante componente vinculado a la adquisición de medicamentos, muchos de ellos de uso crónico. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los remedios que las personas mayores utilizan de un modo habitual aumentaron en los últimos nueve meses un 188,2%, muy por encima de la inflación general y, por supuesto, de la evolución de los haberes jubilatorios.
El propósito de lograr un equilibrio fiscal o, mejor aún, superávit, es virtuoso. Y se puede lograr achicando gastos, incrementando ingresos o mediante una sabia combinación de ambas estrategias. Lo que no se puede, o no se debe, es lograrlo sometiendo a la pobreza a un sector de tanta vulnerabilidad como los jubilados y pensionados, que se encuentran entre los más pobres de la sociedad.
