La oportunidad elegida por la Cámara Federal de Casación Penal para revocar los sobreseimientos de Cristina Kirchner y el resto de los imputados en la causa Hotesur-Los Sauces y anular los sobreseimientos en la del Memorándum de Irán, que la tiene como acusada por el encubrimiento del atentado contra la AMIA junto a varios funcionarios, hace imposible sustraerla de componentes políticos. Las sentencias se emparentan de este modo con los sobreseimientos que beneficiaron a la vicepresidenta y sus presuntos cofrades en 2021 en la sospechas de haber sido inducidas por criterios facciosos.
La imagen que proyecta la Justicia es la de manipulaciones encadenadas, en las que los criterios jurídicos se subordinan a las necesidades y conveniencias de cada coyuntura política. Se extiende además la sensación de que la sociedad está en libertad condicional, a expensas de jueces, fiscales y otros funcionarios en condiciones de descargar el aparato judicial contra cualquiera que pueda ganarse su encono.
Esto facilita que los involucrados en causas por defraudaciones al Estado esgriman la persecución como coartada a despecho de la solidez de los elementos que los incriminan, como ocurre sobre todo en el expediente Hotesur- Los Sauces, en el que se investiga el circuito a través del cual los empresarios como Lázaro Báez y Cristóbal López pagaron retornos a los Kirchner por los favores recibidos en la asignación de obras públicas y otros contratos con el sector público. Hoteles utilizados como pantalla, sobreprecios, contratos simulados… una parafernalia de recursos instrumentados para lavar el dinero de coimas.
La causa se inició en noviembre de 2014, a partir de una denuncia de la entonces diputada nacional Margarita Stolbitzer y fue acumulando elementos de prueba hasta que en mayo de 2018, durante la Presidencia de Mauricio Macri, el juez Julián Ercolini imputó a la actual vicepresidenta. Según el magistrado, ella y sus hijos realizaron actividades ilícitas de blanqueo agravadas por actuar en banda, vía «Hotesur», la empresa familiar propietaria de hoteles en El Calafate. La acusación se basaba en que los empresarios Báez, López y Fabián De Sousa alquilaban habitaciones de los hoteles de los Kirchner como «retorno» por el dinero que obtenían mediante la adjudicación de licitaciones y negocios con el Estado. El procesamiento se confirmó en octubre de ese año y el caso fue elevado a juicio en febrero de 2019.
En noviembre 2021, ya con Alberto Fernández en la Presidencia, los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg consideraron que la causa carecía de sustento y sobreseyeron a todos los imputados.
La sentencia que la reabre, dictada por los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, podrá tener sus fundamentos, pero lo sugestivo es el momento en que alumbró: después de que la Suprema Corte de Justicia jubiló compulsivamente a la tercera integrante del tribunal, Ana María Figueroa, afín al kirchnerismo, y 24 horas después de que este sector sufriera un golpe electoral durísimo en Chaco, con la derrota del gobernador Jorge Capitanich a manos del radical Leandro Zdero, de Juntos por el Cambio. Es decir: cuando mayores perjuicios políticos podía provocarle al oficialismo en campaña. Un detalle particularmente ponzoñoso en este sentido es que el ministro Sergio Massa, candidato a Presidente de Unión por la Patria, era aliado de Stolbitzer cuando ésta planteó en 2014 la denuncia que ahora vuelve a ennegrecer el horizonte de Cristina.
Y no es que la corrupción no deba investigarse. Todo lo contrario, pero los sinuosos caminos que sigue la Justicia, los lazos equívocos que muchos de sus miembros sostienen con encumbrados dirigentes y la sintonía entre sentencias y circunstancias políticas específicas continúan erosionando su de por sí devaluada credibilidad.
Fuente: El Ancasti
