Aunque el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que se debate en la Legislatura provincial puede resultar un instrumento valioso, conviene moderar las expectativas sobre su potencial para el desarrollo de la Provincia.
El sistema cobijaría inversiones superiores a los 200 millones de dólares. En el caso de Catamarca, su incidencia se limitaría al campo de la actividad minera, que por sí sola no garantiza progreso. Esto está demostrado por la experiencia de Bajo La Alumbrera, que arrojó para el Estado una renta adicional a las regalías por la participación en las utilidades del emprendimiento que tuvo YMAD, y también por los emprendimientos litíferos, que tienen una rentabilidad menor y solo abonan regalías.
La tajada del sector público es insignificante y su efecto multiplicador depende de cómo los invierta el Estado. El desarrollo de actividades anexas de aprovisionamiento y servicios para los holdings y los empleos que se generan son aspectos positivos, pero también de alcance limitado.
Sin menospreciar la importancia de la minería, es preciso recordar que se trata de una actividad extractiva de recursos finitos no renovables, con un impacto ambiental significativo que requiere control permanente.
Es tan exagerado considerar el RIGI como un sistema indefectiblemente funesto que precipitará la miseria y el vaciamiento, como postularlo como una panacea que resolverá todos los problemas de la Provincia.
Se trata solo de una herramienta para tentar grandes inversores. El desarrollo de la provincia requiere mucho más, y no está cifrado en las multimillonarias cifras que desembolsan las grandes corporaciones mineras, sino en el afianzamiento de un sistema que estimule la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores.
Es decir: lo más gravitante son los instrumentos y dispositivos que el Estado sea capaz de generar y poner a disposición de la iniciativa privada, no las facilidades que se les otorguen a los megainversores mineros, que por otra parte consisten en reducirles las cargas fiscales que no se les reducen al resto.
Bien está el RIGI, pero debe tomárselo solamente como un engranaje más en una política mucho más compleja tendiente a cambiar la matriz económica catamarqueña.
En términos de desarrollo, son más impactantes los créditos a tasa subsidiada de la Caja de Crédito o los programas de fomento al consumo local como el One Shot, coordinado con el Banco Nación y el comercio, que las millonadas de la minería litífera, del mismo modo que las obras de infraestructura adquieren un valor social superior cuando resultan útiles para la comunidad en general y no solo para facilitarle el tránsito y la extracción a las mineras.
Pasa que los resultados de estas políticas se advierten en dosis homeopáticas, mientras que las mineras anuncian inversiones de decenas y centenares de millones de dólares de un solo saque. Las fabulosas cifras alimentan expectativas tan desmesuradas como profundas son las decepciones después.
La Fiesta del Poncho, sin embargo, consiguió condensar eficazmente la proyección que tiene la sinergia entre el sector público y los emprendedores privados. El Estado mejora, mantiene y facilita las instalaciones, establece mecanismos que reduzcan costos a artesanos y empresarios que participan del evento y coordina institucionalmente dispositivos para estimular el consumo como los descuentos.
El resultado estuvo a la vista: los emprendedores trabajaron muy bien y se fueron con los bolsillos llenos y Catamarca ganó terreno en la vidriera turística.
La que se resumió en el Poncho es la concepción que debe extenderse no solo en el turismo sino también a la agroganadería y la agroindustria. Ahí está la clave en la que conviene insertar lo poco o mucho que la minería, alentada por el RIGI, llegue a dar.
