EDITORIAL
“Neutralizamos la llegada de una posible célula terrorista al país”. Todo en mayúsculas. Así era el título del comunicado emitido por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich.
“La investigación se intensificó tras detectar el posible ingreso de tres ciudadanos de origen sirio y libanés que se habrían reunido en CABA con el propósito de planificar una acción terrorista en nuestro país. Uno de ellos portaba pasaportes de Venezuela y Colombia a su nombre”, decía. Añadía que “se realizó un seguimiento de un envío internacional de una encomienda de 35 kilos originada en la República de Yemen”. Para impregnar de mayor épica al comunicado éste finalizaba con un “Lucha sin cuartel contra el terrorismo y el crimen organizado!”. Emocionante.
No obstante, el montaje comenzó a derrumbarse. Todo parecería indicar que el megaoperativo anunciado ostentosamente terminará en otro bluff de Bullrich, quien de este tipo de acciones tiene un largo historial.
“Se obtuvo una información de inteligencia brindada por una conjunción de elementos tanto de Estados Unidos como de Israel y de un miembro de Gendarmería que ha sido formado en antiterrorismo de parte de sus pares de Colombia. Las tres personas están vinculadas y sabíamos que llegaban en distintos vuelos y que estaban a la espera de un paquete de Yemen”, fueron las declaraciones de la ministra en una conferencia de prensa, el 3 de enero.
No pasaron quince días para que la justicia considerara que no existían pruebas suficientes contra los tres detenidos. A la jueza María Eugenia Capuchetti no le quedó más remedio que dictar la falta de mérito y ordenar la liberación de los tres hombres, que estaban detenidos desde el 30 de diciembre.
¿Pero quiénes eran los supuestos terroristas? Uno de ellos había llegado del exterior: Naem Chatay Chassan, de 67 años, que durante décadas vivió en Venezuela y vino a la Argentina para dar clases de tenis de mesa. El otro es un peluquero: Ramón Alberto Domínguez, quien vive en Avellaneda y esperaba recibir un paquete del exterior que se lo enviaba una mujer norteamericana que quería venir al país. El tercer sospechoso es “El Rubio”, Juan Manuel Ledesma, quien dijo ser agente de la embajada de Estados Unidos y se ocupó de denunciar a ambos según elucubraciones que había realizado por datos conseguidos en una peluquería y por un comentario de un amigo conserje de un hotel en el que se hospedaría.
De las pericias telefónicas y otras averiguaciones la justicia pudo determinar que no había conexión entre estas dos personas y que tampoco estén vinculadas a actividades terroristas. Capuchetti los liberó pero les prohibió salir del país durante el curso de la investigación.
El papelón de Bullrich estaba consumado. Una costumbre desde su paso como funcionaria de Mauricio Macri, cuando dijo que el asesinato de Miguel Yadón había sido un “crimen mafioso”. O cuando fue detenida una pareja de arquitectos chilenos a quienes acusó de terroristas porque habían dejado una caja sospechosa en su hotel. En dicha caja había dos bafles, un grabador y un cable que usarían en su intervención en el Congreso de la Lengua Española, en Córdoba.
Una vez más, las ansias de protagonismo y el afán de obtener rédito político en cuestiones tan sensibles como la inseguridad, dejaron en offside a Bullrich, al intentar imputar graves acusaciones a personas que no cometieron delitos.
