El Gobierno presentó una denuncia penal luego de conocer que el 50% de los comedores que formaban parte del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, creado durante la pandemia, eran inexistentes.
Los datos surgen de las auditorías que realizó la cartera que conduce la ministra Sandra Pettovello y en este caso surgieron del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM).
De ahí surge la investigación contra el programa Argentina contra el Hambre, presentado el 8 de enero de 2020 como un plan nacional para garantizar la seguridad alimentaria a sectores vulnerables y garantizarse el acceso a los alimentos y las prestaciones para merenderos y comedores comunitarios.
Según la denuncia presentada por la secretaría legal del ministerio de Capital Humano, el proceso constaba de tres pasos resumidos de la siguiente manera: en un primer lugar la preinscripción; en segundo lugar la validación; y finalmente la matriculación.
Esta última etapa matriculaba por un lapso de dos años y requería una revalidación a partir de esa fecha, es decir, en 2022 aproximadamente. Si el comedor o merendero no era validado, no debía seguir formando parte de los beneficiarios.
La auditoría realizada por la cartera de Capital Humano afirma que la gestión anterior “no realizó los controles correspondientes sobre los comedores a los que asistía con mercadería”.
En la denuncia, desde Capital Humano señalaron que “Conquistando Sonrisas”; “Pequeños Gigantes de Quilmes”; “Cielos Abiertos”; “Luz de Luna de Pereyra”; “Esperanza”; “Los Peques de San Alberto”; “Luz y Esperanza”; “No Funciona Como Tal”- son algunos de los ejemplos de supuestos comedores que no existían en los domicilios declarados.
Uno de los casos más llamativos es el del comedor “Gauchito Gil”, donde el Gobierno al intentar constatar la existencia del merendero se encontró con un barrio privado. Similar es el caso de “Sol de Barrio”, un comedor que no pudieron localizar y donde los vecinos reconocen que allí nunca funcionó.
Con este panorama, la actual gestión denunció el incumplimiento de deberes de funcionario público y el fraude a la Administración Pública.
