Está prevista una reunión con los legisladores oficialistas
El bloque de diputados del justicialismo está citado a Casa de Gobierno y hay expectativa por las conversaciones con el gobernador Raúl Jalil y el flamante ministro Fernando Monguillot.
Después de ingresar una batería de Decretos Acuerdo a la Legislatura la semana pasada y, ante el notable malestar que se provocó especialmente en la Cámara de Diputados, que se tradujo en el faltazo a la primera sesión ordinaria, el gobernador Raúl Jalil convocó a los legisladores del bloque oficialista a una reunión en Casa de Gobierno, de la que se espera que participe también el ministro de Gobierno, Fernando Monguillot, en lo que sería su primer encuentro formal con el bloque.
La intención es unificar criterios en torno a estos decretos, ya que las principales diferencias están sujetas a la designación del nuevo Defensor del Pueblo. Además, quieren tratar de avanzar en detalles del proyecto de ley para declarar la necesidad de reforma de la Constitución Provincial, tal como se anticipó en la Asamblea Legislativa del 1 de mayo.
Según se pudo conocer, la reunión está convocada para hoy pero hasta el cierre de esta edición el horario aún no estaba confirmado. En este sentido, las expectativas de los legisladores están puestas en escuchar las explicaciones del Ejecutivo a la batería de decretos que ingresaron la semana pasada y que fueron firmados en los días previos al inicio de las sesiones ordinarias. Las diferencias de criterio dentro del oficialismo quedaron expuestas este miércoles, cuando sin razón alguna hubo un faltazo de todo el bloque a la sesión ordinaria.
Trascendió que las disidencias surgen en torno a tres de los once decretos que llegaron, aunque el principal malestar gira en torno a uno solo: las modificaciones en la Defensoría del Pueblo y la designación en comisión de Dalmacio Mera.
Los planteos al respecto son varios. Algunos, institucionales, adhieren a los planteos de la UCR, que cuestionan que la designación pasó por encima del mecanismo ya establecido en la ley con participación legislativa; y que la Defensoría no puede suplir del todo las funciones del disuelto ENRE. Otros, más bien políticos, pasan por diferencias con el exministro de Educación y por la cantidad de tiempo que duraría en el cargo. Se propuso que fueran 12 años, lo que también fue criticado por la UCR como una «salida elegante» para darle a Mera una «jubilación de privilegio».
Otro de los decretos cuestionados también toca indirectamente a la Defensoría del Pueblo: es el de las modificaciones en el Tribunal de Cuentas, que elevó la dieta de los miembros del TC equiparándola con la de los ministros de la Corte de Justicia. A su vez, en otro instrumento, se sujetó la dieta del Defensor del Pueblo a la de un miembro del TC.
Por último, hay diferencias en el oficialismo respecto del nuevo cálculo de aportes de la Obra Social de los Empleados Públicos. Si bien la mayoría comparte el diagnóstico crítico y coinciden en que debería haber reformas, para muchos no está claro o no se comunicó correctamente el mecanismo.
Hasta el momento los que son críticos se mantuvieron en silencio puertas afuera.
Sí hubo algunas defensas de este último decreto, semanas atrás explicadas por el presidente del bloque, Gustavo Aguirre y recientemente por la diputada Mónica Zalazar, quien detalló que se trabaja en una medida que busca «beneficiar a los salarios más bajos mediante una suma fija para quienes perciben menos de 460 mil pesos, con excepciones para ciertos casos especiales como docentes con pocas horas o empleados municipales en distritos específicos».
«Es para evitar discriminaciones y garantizar que los que menos ganan puedan acceder a los beneficios de la obra social, mejorando así la cobertura y el acceso a medicamentos, que en Argentina subieron muchísimo en los últimos años», explicó en declaraciones periodísticas.
