El desplome de la economía en los últimos meses es la consecuencia lógica de las medidas implementadas por el gobierno de Javier Milei. La devaluación, la liberación de precios, la quita de subsidios y los salarios y haberes previsionales subiendo muy por debajo del ritmo inflacionario provocaron una recesión impactante.
Se trata de un efecto esperado por el gobierno de Milei como condición indispensable para “estabilizar la macroeconomía”, según la óptica libertaria. El ajuste implementado ha llevado la pobreza, según los cálculos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, del 44% que dejó el gobierno de Alberto Fernández al 57% en febrero. Las proyecciones indicarían para marzo y abril un incremento sostenido, superando el 60%, algo ni siquiera registrado en la crisis del 2001-2002.
Es probable que con el poder adquisitivo de los salarios pulverizados la inflación continúe bajando y se estabilice en un dígito mensual, como ocurría indefectiblemente hasta el primer semestre del año pasado, o incluso algunos meses de fines del año pasado (la inflación de octubre fue del 8,3%). Y el déficit fiscal continúe bajando, a caballo de un ajuste muy agresivo en todas las áreas, incluidas algunas muy sensibles como Salud, Educación y Asistencia Social. Pero, como puede apreciarse, el costo de la tan mentada estabilización es altísimo: no solamente se dispara la pobreza y la indigencia sino también el desempleo, que cerró el 2023 con niveles muy bajos.
La expectativa del Gobierno nacional es que a partir de mayo empiece un proceso de recuperación de la economía. Cómo se lograría es todavía una incógnita, porque no se ha explicitado un plan concreto, cuya ausencia es congruente con el pensamiento neoliberal extremo de Milei, que considera que el Estado no debe intervenir en la economía, y que es el sector privado el único motor posible de crecimiento de la economía.
Apostar a que solo la inversión privada pueda lograr un repunte en la economía argentina es muy arriesgado. Es probable que exista un incremento de la inversión privada, particularmente la extranjera, pero básicamente en actividades productivas extractivistas y orientadas al mercado externo, lo que gravitaría escasamente en el rebote económico. De modo que es muy difícil que se genere inversión privada para el desarrollo de actividades productivas, comerciales o de servicio vinculadas al mercado interno precisamente porque los salarios están muy deprimidos. Elocuente sentido común: si la gente no consume, para qué invertir en este tipo de negocios.
Consecuentemente, es muy improbable una recuperación económica de la Argentina sin la inversión pública. De hecho, en periodos históricos de fuerte recesión, son los Estados los motores que impulsan la recuperación. Esa estrategia es utilizada incluso en los países capitalistas centrales a través, por ejemplo, de la reactivación de la obra pública, el otorgamiento de créditos a tasa subsidiada, la promoción de la recuperación de los salarios, entre otras herramientas. Es decir, utilizar el gasto público para estimular la demanda agregada, incrementándose así la inversión, el empleo y la producción. “Keynesianismo puro”, renegaría el propio Milei, que demoniza esa escuela económica. También la despreciaba el gobierno de Mauricio Macri, que sin embargo apeló a ella para la recuperación económica de 2017, luego de la recesión de 2016. De hecho, aquel año fue el único en que no hubo recesión de los cuatro que duró el gobierno de Cambiemos.
Si la inversión privada es insuficiente para recuperar la economía en los niveles que el propio gobierno augura, Milei se enfrenta entonces a un dilema: o ve fracasar el programa económico sin desviarse de su corsé ideológico, o apunta a la reactivación apelando a un rol más activo del Estado en el impulso a la economía. Es decir, como lo hacen casi todos los países pero a contrapelo de sus convicciones libertarias.
