SUPLENCIAS
Pese a la mejora del 40% en las inasistencias de los docentes, en junio el gasto por las suplencias sigue siendo alto.
Hace unos días, la provincia de Neuquén aprobó una ley que establece un plus salarial del 15% a los docentes que registren menos de tres inasistencias por trimestre, lo que hizo poner la lupa sobre los costos que las ausencias docentes le generan al Tesoro de las provincias.
Se trata de un estímulo que no puede modificarse en paritarias y es rechazado por los gremios neuquinos con el argumento de que afecta el derecho de huelga.
Según información a la que se pudo acceder, en Catamarca el costo salarial correspondiente a suplencias docentes supera los $700 millones mensuales promedio.
Si bien la cantidad de licencias respecto al año 2023 descendió un 40%, entre las licencias que más uso se hicieron y que necesitan suplencia del cargo, se encuentran en primer lugar las que obedecen a accidentes de trabajo, seguidas por las de largo tratamiento y las de maternidad.
El de las licencias y suplencias superpuestas constituye una añosa polémica en Catamarca, debido a que el Estado termina pagando hasta tres sueldos por un mismo trabajo.
Pelea contra el ausentismo
Durante el mandato de Lucía Corpacci, el Ejecutivo provincial tuvo varios enfrentamientos con los gremios docentes en su búsqueda de incorporar un adicional por «Prestación Efectiva de Tarea Frente a Alumnos», es decir, un plus por presentismo.
La entonces Gobernadora fue tajante en el trabajar sobre las licencias docentes, “ el docente que trabaje tenga un reconocimiento por su trabajo en serio».
«Todo ese dinero que se destina a pagar la suplencia de la suplencia de la suplencia, va ser invertido en mejorar notablemente los salarios de aquellos docentes que cumplen en serio, porque en eso es en lo que uno debe trabajar, en el reconocimiento. No es lo mismo cumplir que no cumplir», dijo entonces Corpacci.
Consideró que «aquellos que cumplen y que son conscientes de este trabajo van a acompañar esta tarea.Tenemos mucho por delante por trabajar, necesitamos trabajar todos juntos para reconstruir esta sociedad y yo sé que vamos a poder contar con aquellos que tienen ganas de trabajar por una niñez más feliz, más alegre, con más oportunidades, con jóvenes que miren el futuro de otra manera porque vienen preparados para enfrentar las situaciones».
Datos oficiales revelaban que el Gobierno en ese entonces destinaba cerca de 200 millones de pesos mensuales, unos 2.600 millones anuales, al pago de salarios docentes. Pero de ese monto, 47 millones corresponden a docentes con licencia, casi una cuarta parte del gasto.
«Estas cifras muestran las distorsiones que existen en la remuneración de los trabajadores de la educación», admitiá el ministro de Hacienda de la gestión de Corpacci, Ricardo Aredes.
A pesar del desacuerdo de los gremios con la provincia, un grupo de docentes denominados autoconvocados se reunió para emitir un documento donde pedían aplicar el adicional por presentismo para todos los docentes de todos los niveles.
Licencias truchas
En el año 2018 se conoció el caso de un grupo de docentes de la zona de Tinogasta y la Capital que habrían obtenido licencias médicas fraudulentas para poder viajar a Rusia a ver el Mundial de Fútbol de ese año.
El Ministerio de Educación de la provincia entró en alerta a raíz de ciertas coincidencias en las licencias y la necesidad de cubrir los cargos vacantes en las escuelas de la zona.
Los docentes subieron fotos en redes sociales disfrutando del viaje a España y Rusia mientras Argentina disputaba el Mundial.
Las afecciones médicas de las licencias otorgadas eran por motivos por los que deberían estar casi “inmovilizados”.
El foco también fue puesto sobre la falla en los organismos de control, ya que las licencias por largo tratamiento debían autorizarse en la Capital, donde estaría la médica que las otorgó, sin pertenecer al Reconocimiento Médico.
Certificados «masivos»
En 2021 el escándalo por el pedido masivo de licencias que se recibía a diario en la Dirección de Reconocimiento Médico Docente, reveló además que el Gobierno provincial investigaba a unos 20 médicos sospechados de emitir certificados de manera desmedida, que luego eran utilizados por los docentes para obtener licencias.
Esta situación salió a la luz durante una reunión entre representantes del Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, y los gremios docentes. Allí se informó sobre la existencia de este listado de profesionales bajo sospecha, aunque no se revelaron sus nombres y tampoco se informó si se habían realizado denuncias penales.
Finalmente, en el marco de este escándalo, el docente y gremialista Juan Godoy realizó una denuncia penal a título personal, basándose en las declaraciones de la propia subsecretaria de Reconocimiento Médico de aquel entonces, Analía Leiva de Ominetti.