EDITORIAL
Es saludable que se debata en el ámbito provincial la implementación de teorías pedagógicas para el enfoque estratégico de la educación. Por ejemplo, la denominada “Educación Disruptiva”, que recoge entusiastas adhesiones pero también críticas. Ese debate de fondo, si se implementa con espíritu pluralista y sin anteojeras ideológicas, siempre es virtuoso.
Pero tales debates estratégicos no pueden omitir otros, de carácter más coyuntural y de resolución urgente. El de solventar los gastos mínimos para el funcionamiento de los establecimientos escolares es uno de ellos. No el financiamiento a largo plazo, que está establecido por ley y que se inserta en las discusiones primordiales porque implica la garantía de sustentabilidad del sistema, sino cómo afrontar las erogaciones que permitan que los chicos puedan tener clases con un mínimo de normalidad en un contexto de severa crisis y recortes profundos de la inversión educativa provocados por el actual gobierno nacional.
Las escuelas de Catamarca, particularmente las del interior provincial, funcionan desde hace mucho tiempo por el financiamiento estatal, pero también por el aporte de la comunidad educativa local. Docentes y padres de los alumnos contribuyen para suplir una parte de los fondos que deberían llegar y no llegan.
El tema es ampliamente conocido por todos los actores educativos, pero la habitualidad de estos mecanismos de financiamiento alternativo provoca que ya pasen casi inadvertidos. Pero cuando la crisis es cada vez más grave, y las contribuciones de los particulares también corren riesgo por la caída en los ingresos de los salarios, el tema emerge a la superficie del debate público.
Integrantes de la comunidad educativa del Anexo 1 de la Escuela Secundaria Nº 24 de Los Altos, departamento Santa Rosa, expresaron ayer en diálogo con El Ancasti la preocupación por la difícil situación que atraviesa el establecimiento escolar y reclamaron al Ministerio de Educación que provea los insumos necesarios para su funcionamiento. Los padres de los alumnos comentaron que muchos de los gastos que se originan a diario –para la compra de tizas, borradores, libros de textos e incluso los libros de registro- son costeados por los propios docentes, directivos y la cooperadora de padres.
El contexto económico –explicaron- hace que cada vez les resulte más difícil poder reunir el dinero para brindar la merienda a los chicos que asisten a esa institución y, además, colaborar con las compras de otros insumos para el dictado de clases. No es un problema exclusivo de esa escuela, sino generalizado y que afecta a otras del interior y de la ciudad Capital.
El debate de cualquier modelo educativo debe incluir el financiamiento, pero también los mecanismos para garantizar que los recursos no sean solo nominales, sino que efectivamente lleguen a cada uno de los establecimientos educativos. La comunidad local no puede -porque no posee los recursos pero básicamente porque no corresponde- suplir las responsabilidades públicas en el financiamiento de la educación.
