Criptoestafas – Causa Bacchiani
Por una denuncia penal, el abogado aún es investigado por incumplimiento de los deberes de funcionario.
El Poder Ejecutivo de la Provincia exoneró a Paulo Gustavo Ibáñez, quien se desempeñaba como jefe del Departamento Folio Real de la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad Inmobiliaria y de Mandatos, tras la realización de un sumario administrativo que verificó gravísimas irregularidades en sus funciones.
El nombre de Ibáñez tomó estado público en medio del escándalo por las millonarias estafas de las financieras, entre ellas, la de Edgar Bacchiani, titular de Adhemar Capital SRL.
La investigación administrativa se inició tras la denuncia penal realizada por la directora del Registro, Patricia Valdez en la Unidad Judicial Nº1, que luego fue girada a la Fiscalía N°6 de Delitos contra la Administración Pública, a cargo de Facundo Barros Jorrat. Por la presentación se inició una investigación sumaria y administrativa y en forma paralela, una pesquisa judicial en la que se lo imputó por «incumplimiento de los deberes de funcionario público».
La denuncia fue porque dos matrículas catastrales del Folio Real no habían sido registradas correctamente en el sistema informático del Registro de la Propiedad.
En su presentación, la directora dijo que desconocía quién era el autor del la grave irregularidad, aunque mencionó a varias personas que podrían estar involucradas.
La maniobra salió a la luz cuando el Registro contestó un oficio emitido por la Justicia, que había sido solicitado por la AFIP y querellantes de la causa por estafas, requiriendo un informe detallado de los bienes de Bacchiani.
Ibáñez admitió su responsabilidad deslindando responsabilidades en supuestos errores del personal y en fallas del sistema informático, que oportunamente fueron desmentidas por una auditoría interna.
Durante la investigación administrativa, varios testigos brindaron su versión sobre las actividades irregulares de Ibáñez. Finalmente el sumario concluyó que no cumplió debidamente con las obligaciones establecidas en la Ley Provincial N° 3.276.
Se supo además que entre otras irregularidades, incurrió en la omisión de la carga de una nueva matrícula y el cambio de titularidad en otra, acciones que debió haber realizado por estar previstas en la normativa correspondiente.
En este contexto, Ibáñez fue echado de la administración pública provincial. La Junta de Disciplina recomendó su exoneración y la sanción fue ratificada por el Poder Ejecutivo Provincial.
Causa
La denuncia que salpicó a Ibáñez fue efectuada en abril de 2022, en pleno derrumbe de las financieras presuntamente especializadas en finanzas con criptoactivos.
En el informe del Registro quedaron expuestas dos irregularidades porque no fueron cargados en el sistema informático del Registro los cambios de titularidad de dos matrículas de la Capital, cuyo titular dominial era Edgar Bacchiani.
Por otra parte, Valdez denunció que no se realizó ningún control, verificación ni cambio de titularidad en la base de datos y que ese es un procedimiento que debe realizarse para que el trámite se expida correctamente.
En la presentación se detalló además que la omisión tomó especial trascendencia “por los hechos de público conocimiento”.
En ese momento, Valdez pidió explicaciones a Ibáñez. Él asumió la responsabilidad de lo ocurrido porque por instrucciones suyas se omitió la carga de las matrículas, detallando que los inscriptores que tuvieron acceso a ese trámite y además omitieron la carga del cambio de titularidad, fueron Norma del Valle Braco y Cristian Aníbal Martínez.
Independientemente de que Ibáñez se haya admitido su responsabilidad en lo ocurrido, el Ministerio Público Fiscal debe verificar ese accionar y determinar si hubo más personas involucradas en el hecho.
En este marco, la fiscalía tomó decenas de testimonios y varias de esas personas ampliaron sus declaraciones.
