EDUCACIÓN
Reclaman una deuda salarial del municipio y la entrega del decreto que oficializa el traspaso del SEM a la provincia.
El conflicto entre el sistema educativo municipal de Valle Viejo y la comuna chacarera continúa. El SIDCA, sindicato que representa a los docentes de estas escuelas, anunció un paro de 120 horas que comenzó ayer lunes, coincidiendo con el regreso a clases tras el receso invernal, y se extenderá hasta el viernes 26 de julio.
Los docentes reclaman por dos cuestiones principales. Por un lado, una deuda salarial del municipio, liderado por Susana Zenteno, relacionada con un incremento que no se ha reflejado en sus haberes mensuales. Por otra parte, esperan la entrega del decreto que oficializa el traspaso del SEM Valle Viejo al Ministerio de Educación de la Provincia, una promesa hecha por el ministro de Educación, Dalmacio Mera, semanas atrás.
Sergio Guillamondegui explicó que esta medida es una continuación del paro anterior, el cual fue levantado temporalmente por la intervención del ministro Mera. «Ahora hay que seguir con los trámites. El SEM ya dejó de ser municipal y pasó a ser de la provincia, por lo que debemos completar las actas correspondientes a los recursos humanos, edilicios, de los alumnos, de los establecimientos y del mobiliario. Trabajaremos para finalizar cuanto antes este proceso», había expresado Mera a principios de mes.
Al cierre de esta edición, el sindicato se encontraba en asamblea para evaluar una oferta que busca elevar el punto índice, aunque no hay novedades sobre el traspaso. Según información obtenida por este diario, existe incertidumbre respecto al futuro del personal no docente. Las dos escuelas del SEM cuentan con abogados, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, un preceptor por curso y personal administrativo, ordenanzas, además del plantel docente.
Desde la oposición también hay dudas sobre el traspaso de las escuelas. Franklin Medina, de La Libertad Avanza (LLA), cuestionó el proceso, señalando que muchos docentes del municipio se muestran reticentes al cambio debido a la falta de seguridad laboral. «La mayoría de los docentes no quiere pasar porque no tiene garantía de mantener su empleo», declaró. Explicó que esta incertidumbre se debe a que, al convertirse en escuelas provinciales, los cargos docentes se concursan en asamblea, lo que podría dejar sin empleo a aquellos que no estén inscriptos en la Junta de Clasificación o que no tengan suficiente puntaje.
